El diálogo social se enquista en la recta final del año y aboca al salario mínimo a la congelación

El diálogo social se enquista en la recta final del año. Si el nuevo Gobierno de coalición empezó con buen pie y en sus primeros días de legislatura logró un pacto para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes, 2020 cerrará sin acuerdo para una nueva subida. Así, salvo sorpresa de última hora, el SMI comenzará enero congelado. El Ejecutivo ni siquiera hizo una última intentona final y no convocó a los agentes sociales ayer -tal y como había previsto en un principio- para tratar de lograr un acuerdo 'in extremis' y poder aprobarlo en el último Consejo de Ministros de este martes.

La estrategia que adoptó fue dejar la decisión en manos del diálogo social, sabiendo que un acuerdo sería imposible ante la rotunda negativa de los empresarios a un nuevo aumento en plena pandemia y con los sindicatos alentando un alza que lo acerque al compromiso de llegar a final de legislatura al 60% del salario medio. Detrás de esto se esconden, además, las discrepancias dentro del propio Ejecutivo. Los miembros de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, defienden una nueva subida; incluso algunas fuentes hablaban de que la ministra de Trabajo quería elevarlo a 1.000 euros al mes. Pero su departamento ni siquiera llegó a presentar una propuesta.

Todo parece indicar, por tanto, que se ha impuesto la tesis económica del Gobierno, que, liderada por Nadia Calviño, prefiere postergar esta subida para más adelante, cuando la recuperación coja fuerza. La vicepresidenta apuntó que mayo puede ser un «punto de referencia» para decidirlo, una vez termine el estado de alarma. Incluso la ministra portavoz, María Jesús Montero, quiso zanjar esta polémica y retrasó un nuevo alza -si lo hubiera- para el segundo semestre del año.

Los sindicatos, sin embargo, no tiran la toalla y continuarán peleando por aprobar cuanto antes una nueva subida, tal y como han hecho la mayoría de países europeos, y que ésta se aplique -como ha sucedido en otras ocasiones- con efecto retroactivo. La patronal, por su parte, sigue cerrada en banda a otra cosa que no sea la congelación: «Cualquier subida por mínima que sea contará con nuestro rechazo», apuntaron a este periódico. Desde Cepyme difundieron ayer un estudio que advierte de que elevarlo a 1.000 euros destruiría entre 85.000 y 135.000 empleos en los próximos dos años.

Pero no es éste el único punto de fricción que existe ahora entre el Gobierno y los agentes sociales. Las relaciones se han tensado después de que lograron pactar seis acuerdos a lo largo de este año, además en un momento tan delicado como el de la actual pandemia. Hasta tal punto que los sindicatos se plantean llevar a cabo movilizaciones para inicios del mes de febrero. «Debemos evitar que usen la coartada de la crisis para embalsamar el calendario comprometido», explicaron.

Hay muchos temas paralizados. Así, la nueva norma que regulará a los 'riders' sigue sin ver la luz y las negociaciones están atascadas. Pero aún más lejos de cumplirse está la promesa de derogar la reforma laboral, a la que incluso este mismo año, en pleno brote, incluyeron dentro de los planes de Trabajo para este segundo semestre. No ha sido así y ni siquiera han comenzado las negociaciones. Es más, el presidente enfrió este compromiso al condicionarlo a otro acuerdo con los agentes sociales, algo que se antoja casi imposible.

Lo que sí se ha llevado ya a la mesa es la futura reforma del sistema de pensiones, un tema que también ha generado malestar, tanto por las formas como por el fondo. Así, la semana pasada el Gobierno presentó a sindicatos y patronal el primer paquete de medidas y exige un acuerdo rápido ya que quiere aprobarlo con carácter inmediato para presentarlo también a Bruselas. Y no será fácil, ya que recoge cuestiones tan espinosas como la nueva fórmula de revalorización, el fin de las jubilaciones forzosas y parciales y el endurecimiento de la jubilación anticipada, entre otras.

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