La Inspección de Trabajo ha sacado a la luz más 500.000 empleos sumergidos desde 2012

Uno de los problemas que se le achacan a las finanzas españolas es el alto grado de economía sumergida que tiene, alrededor de un 18% del producto interior bruto (PIB), según algunas estimaciones. Por eso, uno de los objetivos que se puso el Gobierno de Mariano Rajoy es luchar contra este fraude que ataca de lleno a la Seguridad Social.

Para ello, aprobó en 2012 un plan –vigente hasta 2017– que ha permitido detectar cerca de 520.000 empleos en negro y ha conseguido transformar 360.000 contratos indebidamente temporales en indefinidos, según datos proporcionados por el Ministerio de Empleo con cifras actualizadas hasta febrero. Y es que solo en 2017 el número de trabajadores irregulares aflorados gracias a las inspecciones de Trabajo superaron los 93.000, lo que supone un 31,95% más que en 2011, cuando no había entrado en vigor este plan de lucha contra el fraude y se ‘pilló’ a 70.787 empleados de forma irregular.

Desde entonces, cada año ha ido creciendo el número de empleos sumergidos aflorados, se han detectado más de 7.000 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Se ha constatado además las existencia de 100.000 prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, con unas sanciones que superan en más del cuádruple las adoptadas en la anterior legislatura de Rodríguez Zapatero, según recoge la memoria realizada por el Ministerio. El impacto económico estimado es de 21.198 millones de euros.

La idea es avanzar en esta dirección. Por ello, el mes pasado el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que estará vigente hasta final de la legislatura y cuenta con "nuevas herramientas para hacer de la eficiencia de la lucha contra el fraude un activo estratégico principal", según aseguró la ministra Fátima Báñez.

Una de las prioridades será reforzar el control de la contratación temporal injustificada. Y es que la dualidad del mercado laboral se ha enquistado de tal forma que no se consigue frenar por el momento ni con la reforma laboral. Más bien al contrario: en el último año España ha elevado su tasa de temporalidad siete décimas hasta el 26,8% en 2017, según los datos difundidos esta semana por la agencia comunitaria Eurostat. Con este incremento, vuelve a ser líder en Europa del empleo con fecha de caducidad, tras desbancar a Polonia. Ahora, la labor de los inspectores se encaminará a descubrir esos falsos contratos eventuales que esconden trabajos permanentes.

Además, ante las cada vez más numerosas reivindicaciones en favor de la igualdad –después de la histórica manifestación feminista del pasado 8 de marzo–, otra prioridad será actuar en el ámbito de la discriminación por género y para ello se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.

Contra los falsos autónomos

El plan de inspección aprobado por el Gobierno prestará especial atención a la contratación a tiempo parcial, que está creciendo de forma significativa en los últimos años, y a los contratos formativos. En relación a esto, se llevarán a cabo actuaciones específicas para controlar a los becarios y las prácticas no laborales, otros temas controvertidos. El control de las horas trabajadas y de la relación con subcontratas y empresas multiservicio seguirán siendo actuaciones preferentes de la inspección, así como la supervisión de la llamada economía colaborativa. Además, se desarrollarán acciones específicas en relación con los falsos autónomos.

El objetivo del Gobierno es llegar a realizar 510.000 actuaciones solo en este año para sacar a flote la economía sumergida, así como investigar casi 400.000 contratos de trabajo. Gracias a ello, la previsión es que durante 2018 se contribuya a que unos 60.000 trabajadores temporales pasen a ser fijos.