Unas transferencias por importe de 1.301.011 euros sin justificación alguna, según la Fiscalía, han sentado en el banquillo de los acusados a José Ch. G. y a César I. M. como presuntos autores de un delito continuado de administración desleal. Las acusaciones mantienen que estos delitos los cometieron mientras fueron presidente y secretario, respectivamente,  de la junta de compensación de una promoción de 1.500 viviendas en el barrio de Miralbueno iniciada en 2012. En concreto, del desarrollo urbanístico del Sector 3 del área SUZ 56/5 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. 

Para la gestión de la junta, José Ch. G. contrató a su propia empresa, Hispano Pirenaica de Gestión S. L., y por estos servicios se asignó una remuneración mensual de 2.420 euros que se facturaron y pagaron regularmente en una cuenta de Caixabank. 

En un principio, aparentemente todo fue correcto. Sin embargo, raíz del estudio contable efectuado por la junta nueva que sustituyó a los anteriores cuando fueron cesados en enero de 2019 se descubrió que se habían efectuado a esa cuenta transferencias que no estaban justificadas de ninguna manera y tampoco obedecían a servicios prestados.

Según expuso el contable, del análisis de los libros diarios, las declaraciones tributarias, los extractos bancarios e impresos de faxes firmados por ambos acusados, entre mayo de 2016 y febrero de 2017 se hicieron 38 transferencias por un importe total de 1.286.985 euros. Además, según la Fiscalía y la acusación particular, los dos acusados ordenaron el traspaso "injustificado" de 14.026 euros a favor de la empresa Desarrollos Empresariales Brunete S. L., mercantil de la que era administrador Juan José Ch. R., hijo de José Ch. G., el cual también está siendo juzgado aunque en su caso la pena a la que se enfrenta es de dos años. 

“Hay facturas de 2.420 euros que sí justifican un pago por asesoramientos, pero las transferencias superan con mucho esos importes”, manifestó el testigo Carlos Alberto G. El resultado del análisis fue puesto en conocimiento de la junta, la cual interpuso una querella criminal contra los tres acusados.

El hijo de José Ch. G. negó tener relación con los hechos y acceso a los documentos y cuentas. Reconoció que era el administrador de la sociedad Desarrollos Empresariales Brunete, pero dijo que lo hizo por hacerle un favor a su padre, con el cual no mantiene ahora relación, y que en esa época lo acabó despidiendo.  

Por su parte, el acusado César I. M. explicó que él estaba contratado como cocinero, jardinero y labores de mantenimiento del parador de Palencia y que José Ch. G. le pidió, como favor, que figurara como secretario de la junta de compensación y que él firmaba lo que le decía. Ambos se enfrentan a penas de seis años de cárcel y al pago de una responsabilidad civil de 1.286.985 euros a la junta de compensación. 

Durante el juicio testificó un director ya jubilado de la extinta Caja Rural que financió operaciones de venta de parcelas del proyecto urbanístico de Miralbueno y otro de Caja Rural de Aragón, aunque ninguno aportó nada relevante a la causa ya que ambos aseguraron no recordar nada de este caso al haber transcurrido ya doce años desde los hechos.