El Ayuntamiento de Zaragoza cree que el seguro obligatorio a patinetes confirma que su ordenanza va "por el camino correcto"
Los usuarios temen que la medida "desincentive el uso de Vehículos de Movilidad Personal".
El seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos será finalmente obligatorio y no solo en Zaragoza. La medida venía recogida en el anteproyecto de la nueva ordenanza de Movilidad pactada por PP y Vox en el Ayuntamiento, pero ya no se aplicará únicamente en el término municipal. El Gobierno central acaba de aprobar este martes en Consejo de Ministros un proyecto de ley que exigirá su contratación en toda España.
Para la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, la noticia confirma que el anteproyecto de Zaragoza “va por el camino correcto”. “Es un debate que estaba latente y que nosotros, con valentía, hemos puesto encima de la mesa. Muchas veces, a las ciudades nos toca ir por delante del Gobierno Central a la hora de plantear solución a los problemas”, ha aseverado.
El Consistorio sigue pensando que un seguro obligatorio “es bueno tanto para los conductores como para los peatones y el resto de usuarios de la vía”. “Somos conscientes de que es un cambio importante, pero también lo ha sido la propia introducción del patinete eléctrico en el tráfico de las ciudades. Cada novedad tiene que venir acompañada de ciertas regulaciones que ahora llaman la atención pero que, en el futuro, seguramente veremos como algo normal”, ha agregado.
La edil asegura que desde la plaza del Pilar estarán “atentos a cómo se concreta este proyecto de ley y qué matices introduce este anuncio en las alegaciones y los votos particulares que también pueden presentar el resto de los grupos municipales”.
¿A quién afectará la medida?
La medida afectará a aquellos vehículos a motor que puedan alcanzar una velocidad máxima entre seis y 25 kilómetros por hora si su peso es inferior a 25 kilogramos o una velocidad máxima entre seis y 14 km/h si superan los 25 kg.
El Ejecutivo central busca “compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos”, un argumento muy similar al defendido por PP y Vox en la capital, que pretendían hacer frente de esta forma al incremento del número de atropellos en los últimos años.
Los dos partidos aseguraron al presentar el anteproyecto que el objetivo era acabar con la “inseguridad jurídica” y el “limbo” que se crea en caso de siniestro. La medida se encontró rápidamente con el rechazo de colectivos sociales y partidos de la oposición, que anunciaron alegaciones y votos particulares para evitar que se llevase a efecto al considerar que el Ayuntamiento no tenía competencias en la materia.
El propio concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, se abrió a cambiar el texto ante la polémica, pero la situación acaba de dar un giro con el anuncio del Gobierno central.
El seguro, en todo caso, no será obligatorio de inmediato. La normativa tendrá que pasar antes por el Congreso y el Senado. Además, se dará un plazo de seis meses a la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración “desde la publicación de la ley” para emitir una propuesta de desarrollo reglamentario, por lo que no se exigirá, al menos, hasta 2025. No será, sin embargo, la única novedad, ya que el Gobierno deberá poner en marcha un registro público de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026.
Todavía está por ver, asimismo, qué ocurrirá con las bicicletas, que no quedarán reguladas por la normativa estatal. La municipal obliga también a los ciclistas a contratar un seguro de estas características. En muchos casos, las bicicletas están cubiertas por el seguro del hogar, pero la medida no ha gustado nada en el sector, que acusa al Ayuntamiento de desincentivar el transporte público.
Los usuarios mantienen su rechazo
La Asociación de Usuarios de VMP de Zaragoza (Azuvemp) mantiene su rechazo a la "imposición" de un seguro. Su presidente, Guillermo Royo, considera que sería "una medida fuertemente desincentivadora del uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP)". "Cuanta más restricción y exigencias haya para poder utilizar uno, mayor será la probabilidad de que el usuario deje de hacerlo en favor del coche o la motocicleta", dice.
Avisa, además, de que el seguro obligatorio entraría en vigor antes de que termine la moratoria del certificado de VMP, por lo que existirá un periodo en el que "habría vehículos legales que no podrían tener ese seguro al no poder estar registrados".
