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políticas sociales

El Albergue de Zaragoza elimina la limitación del tiempo de estancia para facilitar la inserción

El gobierno aprueba un reglamento adaptado a las necesidades de las personas sin hogar. Los trabajadores decidirán la duración de las estancias. 

La concejala responsable de Políticas Sociales, Marian Orós.
La concejala responsable de Políticas Sociales, Marian Orós.
Óscar Monge/Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza eliminará las limitaciones temporales del albergue municipal, que hasta ahora solo permiten a los usuarios permanecer seis días cada trimestre (y tres para aquellos usuarios que cuenten con alguna ayuda económica). El gobierno de la ciudad ha aprobado en su reunión de este viernes el borrador del nuevo reglamento, que sustituirá al anterior documento de 1994 para adaptarse a las necesidades de las personas sin hogar. 

La concejala responsable de Políticas Sociales, Marian Orós, ha explicado que se pretende que la normativa, que se someterá ahora a consulta pública por un plazo de quince días, tenga "un enfoque más completo, más humano y centrado en las necesidades y derechos de las personas usuarias del centro". Será, según este texto, el equipo de intervención social del centro el que decida el tiempo de permanencia necesario, en función de los itinerarios de inversión. 

Los propios objetivos del albergue irán en línea con esta filosofía. Se mantendrán los de información y acogida, alojamiento e higiene, pero a estos se añaden la generación de itinerarios de inserción, el acompañamiento en los procesos de intervención social y la orientación en la tramitación de prestaciones e inclusión en los programas de reinserción municipales o concertados. También cambia la anterior definición de "transeúntes" como "personas no empadronadas y sin residencia" a "personas sin hogar en situación de exclusión residencial". 

El nuevo reglamento, según indican desde el Área, amplía también los derechos de los usuarios incidiendo, entre otras cuestiones, en el respeto a su libertad y autonomía, a la intimidad, a la atención social o a ser tratado de forma igualitaria. También al reconocimiento del centro como domicilio colectivo. Los deberes también cambian y se añade, por ejemplo, la obligación de facilitar los datos necesarios y documentos, a comunicar cambios en su situación personal o familiar, a utilizar de forma responsable las instalaciones y a conseguir los objetivos fijados en los itinerarios de inserción. 

Otro cambio relevante es la eliminación del foco negativo en los problemas de salud mental: con el reglamento anterior, los usuarios no debían "precisar ayuda para el normal desenvolvimiento" ni "padecer enfermedad psíquica que requiera atención periódica de profesionales"; ahora, requiriendo cierta autonomía por parte del usuario, el criterio es no tener "una enfermedad activa que requiera internamiento".

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