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Vox pide garantías para impedir que la deuda de la Nueva Romareda se impute al Ayuntamiento de Zaragoza

La concejala Eva Torres solicitará este jueves en la Comisión de Hacienda que se tomen precauciones para que no ocurra lo mismo que con el tranvía.

Comisión de Hacienda, en imagen de archivo.
Comisión de Hacienda, en imagen de archivo.
José Miguel Marco

Vox quiere claridad en las cuentas de la sociedad La Nueva Romareda, que impulsa la construcción del nuevo estadio de fútbol para el Real Zaragoza. Les preocupa que, si las obras de construcción del campo precisan recursos externos, se impute después la deuda al Ayuntamiento de Zaragoza por ser el socio mayoritario (tiene el 33,34%, la DGA el 33,33% y el club otro 33,33%) y por que la alcaldesa Natalia Chueca ostenta la presidencia. 

El peligro estaría, según explica la concejala Eva Torres, en que se repitiera el patrón que se aplicó con el tranvía, donde el Consistorio solo ostenta el 20%. A 31 de diciembre de 2023, imputaban al Ayuntamiento de Zaragoza 124.437.000 euros, que disparaba el total de la deuda. En este caso, la edil voxista recuerda que se tuvo en cuenta el gasto que generaron las obras de construcción y que se trata de un servicio público. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con el apoyo de Vox, tiene como objetivo rebajar la ratio de deuda por debajo del 75% para poder salir de la tutela del Gobierno de Aragón. La evolución ha sido positiva en los últimos años, con una reducción del 27% desde 2019, hasta los 603 millones actuales (llegó a deberse unos 1.028 millones de euros) y el objetivo es cerrar 2024 con un ratio inferior al 75% para liberarse de la tutela financiera, detalla la concejala.

Advierte Torres, no obstante, de que "si el Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado decidieran clasificar 'La Nueva Romareda, S.L.' dentro del perímetro de consolidación, las cuentas municipales volverían a encontrarse en una situación muy comprometida.

Según el protocolo de déficit excesivo y para el cálculo de la deuda viva, será la Intervención General del Estado la que se encargue de estudiar la situación de la entidad principal y la inclusión de entidades susceptibles de ser sectorizadas o clasificadas como Administración Pública. Ello hará, si se produce en el caso de La Nueva Romareda, S.L, que posteriormente la incluya en el Inventario de Entes del Sector Público Local de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. 

Los elementos decisivos para ser clasificados, o no, como un nuevo ente dentro del perímetro de consolidación municipal serían la configuración de la sociedad, sus estatutos, su actividad, sus resultados económicos, la titularidad de quién ostenta del verdadero control de su actividad y, por último, el criterio de producción de mercado. De ahí la preocupación que plantearán este jueves en la Comisión de Hacienda por que la sociedad, en la que el Ayuntamiento es el socio mayoritario por un 0,01%, y ostenta la presidencia, puede hacer que le imputen esa deuda, si finalmente la hubiera. 

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