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Borracheras de muerte y otras locuras al volante: se disparan los atropellos de ciclistas en Aragón

La próxima semana se juzga al conductor ebrio que mató a un triatleta en Huesca, uno de los diez fallecidos en los últimos años.

Accidentes con ciclistas fallecidos en Aragón.
Accidentes con ciclistas fallecidos en Aragón.
V. M.

Un juzgado de Huesca sentará el próximo lunes en el banquillo a un vecino de la localidad oscense de Alberuela de Laliena por la muerte del triatleta barbastrense Álex Sierra (38 años), al que arrolló con su furgoneta el 30 de octubre de 2020 cuando conducía bebido. El amigo con el que rodaba por la travesía de Pozán de Vero sufrió también lesiones graves, pero logró salvar la vida. El juicio, en el que se piden cuatro años de prisión para el acusado, revivirá el drama que se vive en las carreteras aragonesas, donde diez ciclistas han perdido la vida en pocos años en un goteo de accidentes que ha convertido el uso de la bicicleta en un deporte de riesgo.

La variada casuística y perfil de las víctimas de la última década, entre las que se incluye un chaval de 15 años, revela hasta qué punto el peligro acecha en cualquier parte a un ciclista cuando circula entre vehículos a motor, principalmente en carretera. Borrachos al volante, estúpidos piques de tráfico, adelantamientos al límite… Y aunque en la mayoría de los últimos casos los fallecimientos se debieron a la falta de prudencia e incluso “manifiesta temeridad” de los conductores, como han recordado los jueces a través de sus sentencias, también se han dado muertes que el colectivo ciclista achaca a una legislación que necesitaría ser revisada.

En junio de 2022, el presidente de la asociación Stop Accidentes Aragón, Miguel Ángel Bernal, abogaba por la prohibición de los ciclistas por autovías en horario nocturno. “Serían escasísimas las personas afectadas y evitaría tragedias como la de este chico”, señalaba tras la muerte de Anthony, el adolescente al que atropelló una furgoneta en la A-68 en el barrio zaragozano de La Cartuja cuando regresaba en bici a casa con unos amigos. La Guardia Civil dejó constancia en su atestado de que ni la víctima ni sus amigos llevaban luces o prendas reflectantes.

Resacas mortales

Todas las muertes arrastran dolor, pero especialmente amargas por incompresibles resultan aquellas que podían haberse evitado. Sobre todo, cuando hay alcohol o drogas de por medio. En el accidente de Pozán de Vero, el causante conducía al límite del coma etílico: 1,29 mg/l media hora después. Pero hay más ejemplos. Bebido circulaba también el joven de 22 años que el 16 de julio de 2017 mató a un ciclista vecino de Cella en la Variante Norte de Teruel. Según la sentencia que lo condenó a 4 años de prisión y casi medio millón de euros de indemnización, el acusado se encontraba en “condiciones penosas”. Venía de fiesta y los análisis que se le practicaron detectaron rastros de cannabis y MDMA.

Por las terribles consecuencias, dos personas fallecidas, y las circunstancias que lo rodearon, el accidente más importante de los últimos años fue el de Botorrita. Un conductor de 62 años que se había bebido el equivalente a medio litro de coñac o tres litros de cerveza arrolló a dos amigos que tenían una edad similar pero costumbres más saludables. Como la de salir juntos a pedalear cada fin de semana. El luctuoso suceso se produjo el 21 de agosto de 2016 y le costó al acusado, L. M. P., cuatro años de cárcel.

Huidas sin alma pero con castigo

A la fatalidad de poder ser víctima de un atropello cuando se rueda en bicicleta se suma una circunstancia que agrava sin duda la situación: que el causante de dicho percance opte por el pedal erróneo y en lugar de frenar pise el acelerador. Ocurrió en La Muela (Zaragoza) en septiembre de 2020 y también en Castejón de Sos (Huesca) ese mismo mes pero tres años antes. En ninguno de estos casos hubo que lamentar muertes, pero sí heridos graves: en el ocurrido cerca de Benasque, la ciclista era una chica bilbaína de solo 16 años que pedaleaba con unos amigos y a la que embistió un conductor durante un desacertado adelantamiento.

La Guardia Civil logró esclarecer ambos sucesos y dar con sus responsables, en un claro aviso a navegantes. El conductor del atropello de La Muela, de 38 años, escondió su coche en un campo de maíz y el de La Ribagorza, de 35 años, lo abandonó en un desvío próximo. Al haber pasado varios días hasta su identificación, no se pudo probar si iban bebidos o bajo los efectos de otras drogas, pero a ambos se les imputó un delito de abandono del lugar del accidente.

La reiteración de este tipo de conductas -sean peatones o ciclistas las víctimas-, llevó a acometer una reforma del Código Penal. Y desde marzo de 2019, el artículo 138 bis contempla penas de cárcel de seis meses a cuatro años.

Cuando la Justicia no puede condenar

De los alrededor de 40 fallecimientos de ciclistas que cada año se producen en España, la mayoría tienen lugar en una carretera. Pero la proliferación del uso de la bicicletas en los cascos urbanos también se traduce en muertes. Y algunas de ellas, no acaban con un conductor en el banquillo. Se trata de aquellos casos en los que los investigadores no pueden probar de forma incontestable la responsabilidad de la persona que iba al volante.

Ni el atestado policial, ni las declaraciones de los testigos ni el visionado de las grabaciones permitieron concluir que la conductora implicada en el atropello mortal de un ciclista de 52 años en el céntrico paseo María Agustín de Zaragoza, el 14 de agosto de 2017, cometiera un delito de homicidio por imprudencia. Razón por la que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 hubo decretar el archivo del caso, cerrando así la vía penal a los familiares del fallecido.

La magistrada reconoció que en aquella investigación se habían planteado algunas dudas. Sobre todo, porque la Policía Local de Zaragoza no logró aclarar de forma categórica si la conductora, de 27 años, se saltó o no un semáforo.

De lo que no cabe duda es de que el goteo de muertes de ciclistas no cesa. Y aunque los accidentes suceden, cada vez son más los que consideran que el término necesitaría de una revisión, al menos desde el punto de vista legal.

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