El director general de Administración Local del Gobierno de Aragón, José Ramón Ibáñez, ha amenazado al Ayuntamiento de Zaragoza con retener los 8 millones de euros del fondo aragonés de financiación municipal si no cumple con los requerimientos solicitados por el Ejecutivo relativos a información sobre ocho expedientes.

Ibáñez ha comparecido en una rueda de prensa para informar sobre la última providencia del tribunal contencioso administrativo número 5 de Zaragoza que da de plazo al Consistorio de la capital aragonesa hasta el 10 de marzo para que presente el expediente relativo a la licencia de demolición del quiosco en el Paseo de San Sebastián del Parque Grande José Antonio Labordeta.

La providencia es fruto de los tres contenciosos interpuestos por el Gobierno de Aragón ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a la petición de información respecto a ocho trámites relativos al 'Control y calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y actividades de conservación de los equipamientos municipales' y a los contratos de 'Servicios de aceleración tecnológica del CIEM Zaragoza' y de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes de los sectores I y II.

A los que se suman otro expediente por las obras de mejora de conservación en los colegios públicos y el suministro de fundas para chalecos multiagresión para la Policía Local, adjudicados por contratos de emergencia, la subvención para la instalación de toldos en la Galería Comercial Delicias y el del derribo del quiosco del parque.

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Aunque en el caso del quiosco el Ayuntamiento de Zaragoza alegó que ya había remitido la información correspondiente, según Ibáñez se trata de un "expediente incompleto, con deficiencias graves, de forma y contenido, con tachones y que los técnicos lo califican de auténtico despropósito", y por eso el Gobierno de Aragón pidió al juzgado que continuara con el proceso.

"Pedimos seriedad, algo sucede con este expediente", ha asegurado Ibáñez, quien ha afirmado que desde la administración no entienden "las razones ocultas" por las que no se ha mandado el expediente completo y que, ha recordado, el Ejecutivo solicitó en septiembre, en octubre y noviembre del pasado año sin haber obtenido respuesta.

El director general de Administración Pública ha matizado que no prejuzgan el contenido de los expedientes y si las decisiones y la concesión de las licencias "se ajustan a derecho o no", sino que lo que reclaman son los expedientes porque de la documentación recibida es "prácticamente imposible averiguar a qué quiosco se refiere la licencia otorgada".

Entre otros motivos, porque "mezclan" información del quiosco junto a la escalinata de la estatua del Batallador en el Paseo San Sebastián con el del Paseo Manuel Azaña que "no tienen nada que ver" y hay dos expedientes "similares bajo la misma numeración, firmado por funcionarios diferentes, con tachones, apuntes a mano y direcciones diferentes. Una auténtica chapuza", ha denunciado.

Ibáñez se ha mostrado convencido de que "hay otro expediente" y por eso ha advertido de que "cada segundo que tarde no hará sino sembrar dudas, cada vez más profundas sobre su proceder (el del Ayuntamiento) en este tema".

Una actitud que, a su juicio, "pone en riesgo la transferencia de 8 millones de euros del fondo aragonés de financiación municipal que se le deberá retener como al resto de municipios que no están al corriente de sus obligaciones".

"Quien diga que las peticiones son caprichosos no conocen el funcionamiento de la administración", ha apuntado el director general, quien ha precisado que en lo que va de legislatura se han enviado "más de 1.000 requerimientos" a las entidades locales.