Una pareja de Zaragoza acaba en el juzgado para resolver la custodia de su chihuahua

Fueron novios durante doce años, siete de los cuales vivieron juntos, y acabaron su relación en 2018. La pareja no tuvo hijos, pero sí disfrutaba de una perrita chihuahua que compraron en 2013. En todo ese tiempo se generó un vínculo afectivo de ambos con el animal y, al cesar la convivencia, acordaron que la perra se quedaba bajo la custodia de la mujer y fijaron un régimen de visitas a favor del varón de viernes a lunes en fines de semana alternos. Pactaron igualmente que cada uno se hacía cargo de los gastos de alimentación cuando estuvieran en su compañía y los sanitarios los pagaban al 50%.

La situación se mantuvo así durante 30 meses hasta que la mujer cambió de veterinario de manera unilateral, algo que su expareja no encajó bien. Decidió entonces pedirle, a través de un burofax, la custodia de la mascota por el mismo periodo y, al cabo de ese tiempo, fijar su tenencia y disfrute en quincenas alternas. La respuesta a la propuesta fue un mensaje de móvil para que a partir de ese momento se comunicara con su abogada y desde entonces, en marzo de 2021, ya no volvió a entregarle al animal.

El hombre se vio abocado a acudir a los tribunales y presentar una demanda de juicio verbal sobre custodia y alimentos de la mascota para que el juez declarara la copropiedad y el derecho de posesión y disfrute del animal. Un año después, el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Zaragoza había fijado la vista que tenía previsto celebrar ayer por la mañana, pero, finalmente, la expareja alcanzó minutos antes un acuerdo que consiguieron presentar al juez sus abogadas Marimar Martínez y Yolanda Mompel.

Nueva legislación

La mujer reconoce en ese pacto la copropiedad de la perra con su expareja y acuerdan una tenencia compartida por quincenas, gastos a medias y acudir al veterinario que elija cada uno. La entrega del animal al joven se producirá hoy, después de un año sin poder verla. «Ha sido duro y lo he pasado mal, porque para mí es como si fuera un hijo», explicaba ayer.

En la fecha en la que presentó la demanda en el juzgado el Gobierno todavía no había modificado los artículos del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la propiedad de los animales como seres sintientes sujetos de derechos. Por esa razón, el caso de la perra se ha tratado como si fuera un coche o cualquier bien mueble sobre el que declarar la copropiedad.

De haberse presentado ahora, se habría regulado en un juzgado de Familia con criterios de resolución del conflicto previstos para las crisis matrimoniales. Sin embargo, tal y como subraya la abogada del litigante, Marimar Martínez, el texto de la ley solo habla de parejas casadas. La letrada, del despacho de Ariza Abogados, pone de relieve el error que ha cometido el legislador al referirse solo a los «cónyuges» y no a las parejas de hecho, como en este caso, que quedarían en un limbo legal. Entiende que o bien a través de una nueva modificación o de la jurisprudencia que surja de las futuras sentencias se corregirá el fallo y se aplicará tanto en matrimonios como en parejas de hecho.