El Ayuntamiento de Zaragoza diseña un plan urbanístico para la reforma integral de Balsas con ayuda de la UE
La intervención mejoraría tanto los edificios como el entorno del grupo sindical, uno de los más degradados. El proyecto sería replicable en otros sitios e implicaría a vecinos y entidades públicas y privadas.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un plan integral de regeneración urbana del conjunto residencial sindical de Balsas de Ebro Viejo con el que pretende revitalizar este degradado rincón de la margen izquierda de la ciudad. El ambicioso proyecto contempla no solo la reforma de los edificios, cuyos propietarios reclaman desde hace años un impulso para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar su eficiencia energética, sino también de todo el entorno. Para ello, el gobierno PP-Cs aspira a lograr fondos europeos, que junto con la aportación municipal y la participación de vecinos y entidades privadas (bancos, energéticas...), cubran el coste de la operación, que en su estimación más amplia rozaría los 100 millones de euros de inversión.
El de Balsas es uno de los 21 grupos sindicales de la ciudad, y suma 1.530 viviendas, aquejadas por el paso del tiempo y la falta de inversión. Hasta ahora se han llevado a cabo acciones de reforma puntuales, en viviendas o edificios, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, en muchos casos personas de avanzada edad, pero no se había planteado un proyecto de intervención global, en parte, dado el alto coste que requiere. Por ello, el equipo de gobierno de Jorge Azcón quiere aprovechar las diferentes líneas de ayuda y financiación que ofrece actualmente Europa, en especial los fondos de recuperación por la covid, para acometer el proyecto.
En concreto, el Consistorio quiere llevar a cabo una actuación global de rehabilitación de viviendas, que incluya la incorporación de energías renovables y mejoras de accesibilidad. Además, se intervendría en el espacio público y las zonas verdes, muy importantes en estos conjuntos urbanísticos, creados en torno a plazas y espacios comunes para fomentar la interacción social y el sentimiento de pertenencia. De igual modo, se fomentaría la reactivación comercial y una gestión circular de los residuos, entre otras mejoras. Con estos objetivos, el gobierno municipal ha planteado dos escenarios en función del desembolso por edificio, y el coste final oscila entre los 77 y los 95 millones.
De ahí que la llegada de fondos externos sea fundamental para el proyecto. Desde el Ayuntamiento se muestran especialmente convencidos de las posibilidades de éxito del proyecto ya que, aseguran, cumple con los principales requisitos que exige Europa en este momento, como la colaboración público-privada, la implicación de entidades financieras, la participación ciudadana, la mejora de la eficiencia energética, la digitalización y la eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros factores.
Además, se trata de un planteamiento que, según el gobierno PP-Cs, es "altamente replicable", de tal forma que se podría copiar y ejecutar tanto en otros conjuntos urbanos degradados de Zaragoza, como de otras ciudades europeas.
De momento, el Ayuntamiento ha concertado una reunión con los colectivos vecinales de la zona, así como con los comerciantes del Rabal y con representantes del colegio Eugenio López para detallarles el plan. Además, en los próximos días se presentará la manifestación de interés al Gobierno de España de cara a registrar posteriormente el proyecto a las convocatorias de ayudas.
21 conjuntos residenciales lastrados por su situación jurídica
Vieron la luz en los años 40, 50 y 60 como parte de los procesos de expansión urbanística de la capital aragonesa y ahora, décadas después, sufren la degradación del paso del tiempo sin inversiones. Zaragoza cuenta con un total de 21 grupos sindicales, que suman 8.560 viviendas. Se trata de conjuntos residenciales que se articularon en torno a plazas y jardines con la idea de favorecer el contacto entre los vecinos, en muchas ocasiones familias jóvenes recién llegadas a la ciudad, que lograron crear un importante sentimiento de comunidad entre todos los vecinos.
Sin embargo, su compleja situación jurídica ha terminado por pasarles factura. En concreto, la titularidad de los grupos sindicales está detrás de buena parte de sus problemas. Cuatro de ellos pertenecen al Ayuntamiento (Balsas, Teniente Polanco, Ortiz de Zárate y Gabriela Mistral), mientras que cinco dependen de la DGA (Alférez Rojas, San Jorge, Casta Álvarez, Girón y Arzobispo Domenech).
El resto son de particulares, es decir, los denominados bienes privados de uso público. Esto supone que las tareas de mantenimiento no recaen siempre en las mismas manos, y han generado no pocos conflictos de competencias, por lo que buena parte de los espacios comunes arrastran desde hace años un importante deterioro.