La Policía detiene en Madrid al condenado por la estafa millonaria de Gallur, fugado desde junio

Enrique Irazabal Serrano, de 73 años, lo ha intentado todo para evitar ingresar en prisión como cerebro de la macroestafa millonaria de Gallur, por la que existe una sentencia firme del Tribunal Supremo que lo condena a cuatro años y cinco meses de cárcel. Acostumbrado a apurar siempre todas sus opciones, en su estrategia por no acabar entre rejas alegó problemas de salud, recusó e incluso se querelló contra todos los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza, la primera en condenarlo.

Las desesperadas intentonas del donostiarra le permitieron ganar tiempo, pero han acabado fracasando: la querella se archivó y la recusación se consideró infundada. Y al no ponerse a disposición de la Justicia cuando le comunicaron que debía cumplir la pena, el tribunal se vio obligado a dictar una orden de busca, captura e ingreso en prisión. Según ha podido confirmar HERALDO, la Policía lo buscaba desde el mes de junio, pero no fue hasta el pasado 18 de septiembre cuando el estafador de los mil nombres fue arrestado en Aranjuez (Madrid).

Según fuentes judiciales, se ha constatado que el fugitivo arrastra una serie de patologías y su estado de salud no es el mejor. Sin embargo, teniendo en cuenta los informes médicos, la gravedad de los hechos por los que fue condenado y el devenir de la causa, los magistrados se pronunciaron finalmente a favor de no suspender la pena y ordenar su ingreso en prisión. Por lo tanto, será ahora Instituciones Penitenciarias la que tenga que pronunciarse sobre la conveniencia de mantenerlo o no preso.

Un ‘timo’ de 4 millones de euros

Enrique Irazabal se presentó en Gallur en 2006 como un gran hombre de negocios que traía debajo del brazo un proyecto de ensueño. Sus enormes dotes de persuasión le sirvieron para hacer creer a todos que iba a invertir casi 50 millones de euros en una enorme fábrica donde trabajarían 350 empleados y que permitiría echar una mano a los países del Tercer Mundo. No en vano, planteaba la fabricación de grandes contenedores que serían equipados como cocinas, hospitales o escuelas para poder instalarlos en los rincones más desfavorecidos del planeta. En teoría, todos salían ganando.Pero en la práctica, se descubrió que los únicos que lo hacían eran el propio Irazabal y sus socios más próximos.

La Audiencia de Zaragoza condenó a Irazabal a casi siete años por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal y blanqueo. El Supremo rebajó después la pena a cuatro años y tres meses, pero mantuvo la multa de 2.095.700 euros que le impuso la Audiencia. También fueron condenados por la macroestafa Elsa Andrés Alzola, de 38 años, y Jesús Fernández Fernández, de 61 años, ambos en busca y captura. Los otros dos penados, Antonio Yoldi Gómez y Elisabeth Mamontoff Carré, no tuvieron que entrar en prisión. La indemnización global se fijó en 4,1 millones.