Montañana alerta de varios intentos de okupación y robo en los últimos meses

Varios intentos de okupación y robo en los últimos meses han puesto en alerta a los vecinos y la alcaldía del barrio rural de Montañana, que ya ha emitido dos avisos con consejos para evitar que los residentes se lleven sorpresas desagradables.

De acuerdo con Cristina Vargas, alcaldesa de Montañana, la situación ha empeorado en los últimos meses, coincidiendo con el inicio del desconfinamiento. A partir de entonces, tanto los robos como los intentos de okupación aumentaron. “En estos momentos tan solo hay una vivienda okupada, pero teníamos dos más y ha habido varios intentos en los últimos meses”, comenta. Según fuentes municipales, se trata de una “okupación puntual de la que no se tiene constancia”.

El problema, según Vargas, es la cantidad de casas del barrio que están vacías o que son segundas residencias. “Es donde más están yendo a okupar”, señala. Para evitarlo, desde alcaldía han lanzado a los habitantes de Montañana una serie de consejos, los últimos, hace tan solo unos días. Se trata de recomendaciones como visitar “con mucha frecuencia” las viviendas vacías para limpiar la suciedad, vaciar el buzón y dejar las persianas ligeramente levantadas. Es decir, para que la casa parezca habitada.

Otra alternativa es instalar sistemas de alarma o poner la vivienda en alquiler, aunque esto no siempre es posible. La alcaldía apela en el escrito a la colaboración vecinal para que cualquiera que detecte movimientos extraños cerca de su casa lo ponga en conocimiento de la Policía Nacional. “Por desgracia, un desalojo puede suponer muchos costes y hasta dos años en procesos judiciales”, señalan en el aviso.

Con todo, fuentes de Policía Nacional recuerdan que, en caso de sufrir una okupación, “es el propietario de la vivienda o el local el que tiene que interponer la denuncia”. Por mucho que los vecinos sean conocedores de la situación, es el dueño el que tiene que acudir a los juzgados.

En ocasiones, han sido los propios vecinos los que han frustrado alguna okupación al ver extraños merodeando en propiedades que no eran suyas. Vargas cree que el problema no es exclusivo de Montañana, si no que también está ocurriendo en otros barrios. “Cuando hablo con otros alcaldes me doy cuenta de que todos tenemos problemas de este tipo”, comenta.

Es el caso de San Juan de Mozarrifar, que con aproximadamente 2.800 habitantes censados cuenta con tres viviendas okupadas. “Hemos llegado a tener hasta cinco. La situación ha empeorado en el último año”, explica Erika Fuertes, alcaldesa de este barrio rural. Las cifras muestran que, aunque el confinamiento y la pandemia han frenado esta práctica, en Aragón se registra una okupación cada dos días. Además, se están produciendo problemas de convivencia entre los inquilinos de dos de estas casas con el resto de vecinos, que ya han trasladado a la alcaldía su preocupación.

Fuertes ha comunicado lo que ocurre ante el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, aunque augura una difícil solución. Para ella, es cuestión de cambiar la ley e intentar hacer un protocolo unificado para barrios rurales por ser “un espacio más proclive a este tipo de okupación”. No obstante, cree que es algo que está pasando “a nivel general”.

En Peñaflor también han registrado “alguna okupación”, aunque “no a gran escala”. Más suerte tienen en La Cartuja Baja, donde este problema no existe. “Fundamentalmente porque no hay tan apenas vivienda vacía”, comenta desde la alcaldía José María Lasaosa.

Lo que se puede hacer es lo que ya hecho el Ayuntamiento de Zaragoza. Poner más policía en la calle, atender a los requerimientos de los vecinos, intervenir en zonas degradadas con propuestas de rehabilitación e incrementar la limpieza en aquellas zonas donde sea necesario.

"Urge una modificación de la legislación nacional"

Desde el Consistorio zaragozano aseguran que “la presencia de la Policía Local en la ciudad y en los barrios se ha reforzado” y consideran que urge una modificación de la legislación nacional. Solo así se podrá dotar de instrumentos “a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad para poder evitar la ocupación de viviendas y equipamientos públicos”.

Sin estas herramientas, las administraciones locales poco pueden hacer más allá de “atender los requerimientos de los vecinos, intervenir en zonas degradadas con propuestas de rehabilitación e incrementar la limpieza en aquellas zonas donde sea necesario”. “El problema que se ha detectado en el Ayuntamiento de Zaragoza es que no existen medios legales para poder desalojar a los okupas en un breve espacio de tiempo”, explican.

No obstante, en Montañana creen que es “muy necesario” que la sección de policía de barrios se amplíe porque los barrios rurales, rodeados de caminos, requieren de un conocimiento exhaustivo de la zona. “No es lo mismo que en Zaragoza, en la que conoces todas las calles”, concluye Vargas.