Dos años sin bilateral Ayuntamiento de Zaragoza-DGA y con múltiples tensiones institucionales

El día de su aprobación, el 30 de noviembre de 2017, la ley de capitalidad se vendió como el acuerdo que zanjaría no solo las diferencias económicas y competenciales de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, sino también sus malas relaciones históricas. Pero lo que vino después poco tiene que ver con el entendimiento. La bronca, vinculada a los conflictos entre el PSOE y ZEC, ha lastrado desde entonces la aplicación de la normativa.

No habían pasado tres meses desde su aprobación cuando el anterior gobierno de ZEC utilizó uno de sus artículos, el 14, para expulsar a parte de los concejales de la oposición de las sociedades municipales y hacerse con el control de los consejos de administración pese a no tener mayoría en el pleno. Esto abrió una crisis sin precedentes en el Consistorio que se prolongó durante ocho meses, hasta el punto de tener que obligar a intervenir al Constitucional, que anuló el polémico artículo.

La ley de capitalidad estableció además la creación de una comisión bilateral y la firma de un convenio económico. En los dos años de vigencia, ni una cosa, ni otra. Es más, los 8 millones del fondo de capitalidad se convirtieron en una herramienta de presión de la DGA cuando convenía.

Junto al ‘golpe’ en las sociedades, el Impuesto de Contaminación de las Aguas(ICA) dinamitó cualquier opción de acuerdo. Los llamamientos a la insumisión fiscal del gobierno de ZECy el hecho de que el alcalde, entonces Pedro Santisteve, llegara incluso a manifestarse ante el Pignatelli para pedir su derogación dinamitaron las relaciones institucionales.

Pese a los problemas, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, hace una lectura positiva. "Después de sucesivos intentos, la pasada legislatura el gobierno de Aragón logró aprobar una ley de capitalidad que reconoce la singularidad de Zaragoza, tal y como recoge el Estatuto. La ley dota de estabilidad financiera a la capital. Actualmente, la normativa se está desarrollando y se hace con el máximo consenso y colaboración con el Ayuntamiento", dice. Con el cambio de gobierno municipal y el restablecimiento de las relaciones institucionales entre las dos administraciones, la ley afronta una segunda oportunidad. Está por ver si es la definitiva.

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