Juzgados por estafar a varios empresarios zaragozanos que invirtieron en la Ciudad del Cine de Cantabria

Un proyecto de "magnitud internacional" que haría de Cuchía, una pequeña localidad cántabra situada a 21 kilómetros de Santander, "un lugar único en Europa". Así se definió, allá por 2009, la Ciudad del Cine y las Artes de Cantabria, promovida por un grupo empresarial con sede en Miami que llegó a tener el visto bueno del Gobierno montañés, pero que nunca llegó a materializarse. Ayer, este macroproyecto se juzgó como una presunta estafa a varios empresarios zaragozanos en la Audiencia Provincial. 

En el banquillo se sentaron el matrimonio formado por José C. y María del Carmen F., los supuestos promotores españoles que recibieron 280.000 euros de varios inversores zaragozanos a los que a través de un intermediario se les ofreció participar en un proyecto en el que, una vez hecho realidad, incluso podrían trabajar con sus compañías prestando servicios. 

Según considera acreditado la Fiscalía, los encausados se pusieron al frente de la filial de la firma americana, cuyo presidente era Armando Valladares, un exembajador de Estados Unidos ante la ONU durante los mandatos de Ronald Reagan y George H. W. Bush. Este era uno de los principales avales del proyecto, y de hecho llegó a desplazarse en varias ocasiones. La presencia de este diplomático y de otras personalidades en el plan urbanístico fue lo que animó a los inversores a dar su dinero a través de "contratos de depósito temporal".

El principal acusado explicó al tribunal que en 2008 presentaron al Gobierno de Cantabria, también entonces liderado por Miguel Ángel Revilla, toda la documentación de la Ciudad del Cine y, de hecho, el Ejecutivo autonómico llegó a declararlo "proyecto singular de especial interés" el 31 de julio de 2008. Administrativamente todo iba bien, manifestó José C. en repetidas ocasiones durante la vista oral, pero sus planes empezaron a torcerse cuando le interpusieron una denuncia penal por estafa en 2010 en Cantabria (un proceso en el que no fueron condenados) y finalmente con el cambio de Gobierno en la región montañesa en 2011. El nuevo presidente archivó el proyecto y el expediente acabó caducando, sintetizó el acusado.

José C. reconoció ante los magistrados de la Sección Sexta que había recibido dinero de los denunciantes, pero negó que se hubiera apropiado del mismo. "Se destinó íntegramente a pagar a proveedores", aseveró. Preguntado por las facturas que acredita este extremo, manifestó que todos los comprobantes los envió a Estados Unidos porque así lo requería la empresa matriz. Por su parte, su esposa afirmó que no tenía nada que ver con la Ciudad del Cine y que nunca participó en reuniones de trabajo con los denunciantes.

"Invertir en este proyecto me ha pasado factura por todos lados: me embargaron mi casa y perdí toda mi credibilidad en el trabajo", dijo uno de los perjudicados que declaró como testigo. "Les entregué el dinero porque era en depósito y porque consideré que la entrega estaba totalmente avalada por las relaciones de la señora Carmen", agregó el empresario, quien declaró que la acusada enseñaba a los potenciales inversores fotos de ella con numerosas personalidades que supuestamente respaldaban el proyecto.

El juicio continúa hoy en la Audiencia de Zaragoza.