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La investigación a la Policía Local por los manteros cumple un año sin conclusiones

Los sindicatos critican que el proceso lleva parado "meses" tras identificar a 25 agentes y piden cerrar el expediente.

Imagen de archivo de un grupo de manteros en el paseo de la Independencia.
Guillermo Mestre

La investigación interna que abrió el Ayuntamiento de Zaragoza contra la Policía Local tras las denuncias presentadas por el colectivo de manteros en la ciudad cumple un año sin que se haya alcanzado ninguna conclusión. De hecho, los sindicatos denuncian que el proceso lleva "meses" paralizado en el área de Personal, y reclaman que se cierre el expediente dado que no se ha podido demostrar, aseguran, ninguna de las acusaciones vertidas contra el Cuerpo.

En concreto, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón (AISA) y el grupo de Derechos Civiles 15-M llevaron al Consistorio una relación de supuestas actuaciones irregulares en las que, decían, los agentes habrían realizado identificaciones por cuestiones étnicas y que, incluso, se habrían quedado con su mercancía para disfrute propio. Por este motivo, el gobierno de ZEC inició una información reservada, un proceso de investigación interna que ha llevado a identificar, al menos, a 25 agentes de la Policía Local por 17 intervenciones, según aseguran desde STAZ.

Este sindicato presentó una demanda contra las dos entidades antes citadas por injurias al colectivo policial, por lo que ha tenido acceso al expediente. "Este proceso carece de garantías", critican. De hecho, recuerdan que "todas las intervenciones están documentadas, muchas incluso juzgadas y con sentencia firme condenatoria para el mantero". Además, desvelan desde STAZ que "algunos de los casos no existen" y recuerdan que la mercancía "se interviene cautelarmente al ser géneros falsificados o ilegales".

Fuentes de la investigación municipal confirman que no se ha tomado ninguna declaración más desde el pasado mes de diciembre, mientras que en el equipo de gobierno de ZEC no se pronuncian sobre el tema al ser un proceso "interno" e "independiente", explican.

Causa por injurias

La querella por injurias presentada por STAZ llevó a los representantes de AISA y Derechos Civiles 15-M a declarar en septiembre al Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. La magistrada, Mercedes Terrer, les informó de que consideraba "muy graves" sus acusaciones y les comunicó que el proceso se seguiría instruyendo al entender que había indicios de delito en sus manifestaciones, y de hecho, todavía continúa.

Idrisa Gueye, portavoz de AISA, afirmó en su declaración que la asociación que preside se limitó a "recoger" las manifestaciones que les habían trasladado varios manteros de Zaragoza, sin poder precisar la identidad de los mismos ni probar robos de mercancía. Julio César Augusto, de Derechos Civiles 15-M, señaló que el papel de la organización que representa se ciñó al "acompañamiento" legal de la asociación de inmigrantes.