Los grupos de la oposición municipal criticaron ayer al concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, por la "inseguridad jurídica" que se ha generado en el servicio de atención telefónica 010 después de que la concesionaria, Pyrenalia, decidiera abandonar la contrata el pasado viernes. Los partidos pidieron todo tipo de explicaciones antes las "dudas legales" que suscita la medida del gobierno de ZEC de mantener la prestación y por lo tanto a las trabajadoras, pese a que la empresa acaba de romper su vinculación con el Ayuntamiento.

Mientras las críticas de la oposición empezaban a llegar, Cubero dio las primeras explicaciones. Dijo que el gobierno conoció la decisión de Pyrenalia el 28 de junio, pese a que la empresa envió un burofax el día 23. En su comunicación, la contratista informó de que dejaba de prestar el servicio el día 30, ante lo que ZEC acordó mantener el servicio con las 14 trabajadoras que estaban en la plantilla de Pyrenalia. El motivo que esgrimió la empresa para renunciar era la negativa del Ayuntamiento a permitirle ceder la concesión a una de sus filiales.

La decisión del gobierno de mantener el servicio es temporal y se adoptó "por razones de urgencia" y de "interés público", a la espera de que la jueza que dictaminó en febrero la suspensión cautelar de la municipalización tras un recurso de la CEOE y la Delegación del Gobierno resuelva lo que hay que hacer. "Nuestra decisión está pendiente de lo que diga la justicia", dijo.

Ante la renuncia de Pyrenalia, Cubero consideró que la suspensión cautelar, que impedía la subrogación del personal, "ha quedado sin efecto por fuerza mayor". Por este motivo, el responsable municipal reclamó a la jueza la modificación o el levantamiento de las medidas cautelares, lo que implicaría la municipalización del servicio hasta que en el juicio se decidiera sobre el fondo del asunto.

Cubero insistió en que la voluntad del gobierno municipal es mantener el 010. Pero avisó. "El servicio no se ha municipalizado, no se ha subrogado al personal. El tema está judicializado y la continuidad del servicio queda supeditada al visto bueno de la jueza", declaró. Afirmó que las trabajadoras siguen dependiendo de Pyrenalia, dado que no les ha dado de baja, pero mostró su disposición a asumir el pago de las nóminas. "El Ayuntamiento tiene una responsabilidad subsidiaria", declaró.

Un gobierno "de tapadillo"

Este contexto de indefinición jurídica molestó a la oposición, que pidió explicaciones. Además, se mostró muy crítica con "la falta de transparencia" del gobierno por reunirse "de tapadillo", sin informar de lo que estaba pasando ni a los partidos ni a los medios de comunicación. El PP pidió una comisión extraordinaria de Servicios Públicos y el PSOE, Ciudadanos y CHA reclamaron la comparecencia de Cubero.

Para el portavoz del PP, Jorge Azcón, el alcalde, Pedro Santisteve, y Cubero "han dejado pudrir" el 010 "hasta que ha estallado". Azcón exigió que se aclare "la situación de las trabajadoras, del concurso público que paralizó sin motivo ZEC y del servicio". "Hay que conocer el alcance jurídico del expediente", dijo el concejal popular.

Marta Aparicio, del PSOE, afirmó que la decisión de ZEC "es preocupante" y dudó de su legalidad, dado que puede "sortear las medidas cautelares del juzgado", que estableció que no puede haber subrogación. "Volvemos al territorio de la inseguridad jurídica. Se lleva a las trabajadoras al borde del abismo", lamentó.

Elena Martínez, de Ciudadanos, calificó lo ocurrido de "sainete" y exigió que adjudique el concurso abierto hace más de dos años. Carmelo Asensio, de CHA, lamentó que Pyrenalia "haya engañado a todos" y expresó su "preocupación" por la "tremenda inseguridad jurídica" en la que se encuentra el servicio.