El propietario de una perrera de San Blas -una pedanía de Teruel- que fue desmantelada recientemente por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al contener 73 perros en malas condiciones ha sido condenado a ocho meses de prisión por maltrato animal.  La intervención policial comprobó, además, que el condenado sacrificó a dos de sus canes y que más de la mitad de la rehala carecía de documentación sanitaria y de las vacunas obligatorias. 

La Guardia Civil ha constatado que la perrera carecía de licencia de actividad, así como de núcleo zoológico, y que la mayoría de los perros no disponía de microchip. Los animales, una vez desmantelada la perrera, quedaron bajo el amparo de la Sociedad Protectora de Animales.

La condena incluye también la privación del derecho de tenencia de armas, así como para el ejercicio de una profesión, oficio o comercio que tengan relación con los animales y de la tenencia de los mismos por un tiempo de 16 meses.

Según informa la Guardia Civil, agentes del Seprona investigaron a una persona como presunta autora de un delito contra los animales, al dar muerte a dos perros pertenecientes a una rehala de caza en el barrio de San Blas. Las investigaciones comenzaron en el mes de marzo, cuando los agentes del Seprona, en el transcurso de una inspección realizada en unas perreras, descubrieron los cadáveres de tres perros de raza podenco. El dueño de los animales, manifestó a los guardias civiles que los había matado de un disparo, alegando que los animales presentaban heridas que se habrían infringido con motivo de la actividad de caza.

El responsable de la rehala prescindió de emplear los servicios veterinarios para tratar a los animales de las heridas que tenían. La Guardia Civil informa en un comunicado de que "llegado el caso y siendo necesario del sacrificio" de perros deben aplicarse los procedimientos previstos en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y la Ley 11/2003 de protección animal de Aragón, los cuales establecen que, en todo caso, el sacrificio debería efectuarse por facultativos veterinarios o bajo su directa supervisión, empleando métodos autorizados y que provoquen el mínimo sufrimiento posible.

Ante los hechos observados por los agentes, fueron instruidas las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Justicia, que ya ha emitido su sentencia condenatoria.