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Un proyecto de red de calor y el derrumbe de San Francisco marcan el debate del estado de Teruel

El PP exhibe la baja presión fiscal aplicada por el Ayuntamiento en la sesión que ha analizado la situación de la ciudad.

Vecinos del barrio de la Fuenfresca han manifestado en el pleno su rechazo al proyecto de una red de calor.
Vecinos del barrio de la Fuenfresca han manifestado en el pleno su rechazo al proyecto de una red de calor.
Antonio Garcia/Bykofoto

El tercer pleno sobre el estado de la ciudad que celebra el Ayuntamiento de Teruel desde la recuperación de la democracia ha estado marcado este jueves por dos conflictos vecinales, el generado por la oposición al proyecto de una red de calor en La Fuenfresca y el derivada del derrumbamiento hace un año del edificio que ocupaba el número 21 de la calle de San Francisco. Las dos cuestiones han sido abordadas por todos los grupos municipales y un grupo de una veintena de vecinos afectados por las dos cuestiones ha estado presente en la sesión y han exhibido carteles alusivos a sus problemáticas.

Durante la sesión, que se ha prolongado desde las 09.00 a pasadas las 12.00, la alcaldesa, la popular Emma Buj, ha destacado, entre otras cuestiones, el "rigor presupuestario" y una "baja fiscalidad" compatibles con la mejora de los servicios como algunos de sus principales logros, mientras que la oposición -formada por Teruel Existe (TE), PSOE y Vox- ha criticado a los populares por abusar de su mayoría absoluta para no tener en cuenta las propuestas del resto de grupos.

La alcaldesa ha señalado que, respecto al proyecto para construir un red de calor alimentada con biomasa en la Fuenfresca, existen dos informes técnicos contradictorios de los servicios municipales. El primero de estos documentos considera inviable la construcción de la planta para calentar el agua que se distribuiría por la ciudad en el lugar previsto al tratarse de una instalación industrial, mientras que un segundo informe considera admisible ese mismo proyecto si tiene el carácter de equipamiento y con la autorización expresa del pleno municipal. 

Buj ha aclarado que le corresponde determinar cuál de los dos informes es el que prevalece. Durante su intervención, ha recalcado que el Ayuntamiento "será exigente con el cumplimiento de la normativa aplicable" y solo "si el proyecto la cumple se autorizará. Si no, no".

El debate sobre el estado de la ciudad ha arrancado con la intervención de la alcaldesa, que ha presumido de la gestión económica del Ayuntamiento, que era "uno de los más endeudados del país" cuando el PP llegó al poder. Para Emma Buj, la prudencia y el rigor económicos son "seña de identidad" del equipo de gobierno popular, que, según ha afirmado, "congela o baja los impuestos" cada año. Ha destacado que el IBI que pagan los turolenses es "el más bajo de España entre las ciudades de menos de 100.000 habitantes".

La alcaldesa, Emma Buj, durante su intervención en el pleno sobre el estado de la ciudad.
La alcaldesa, Emma Buj, durante su intervención en el pleno sobre el estado de la ciudad.
Antonio Garcia/Bykofoto

Además, ha sacado pecho de las inversiones acometidas, de la limpieza y del mantenimiento de la ciudad, así como de la participación ciudadana. Tras la réplica y contrarréplica de los portavoces de la oposición, ha cerrado el pleno con un compromiso por luchar "con ilusión para que la ciudad siga ganando en empleo y población".

El portavoz de TE, Enrique Marín, ha criticado al equipo de gobierno de "ignorar" a la oposición gracias a su mayoría absoluta -el PP cuenta con 11 de los 21 concejales del pleno-. "El PP hace y deshace a su antojo", ha lamentado Marín. Para el concejal del partido nacido del homólogo movimiento ciudadano, el grupo popular evitar la participación ciudadana y su lema debería ser "consultas populares, no, y trabajar con la oposición, tampoco".

El portavoz del PSOE, José Guillén, ha explicado que propuso la celebración del debate sobre el estado de la ciudad "por salud democrática". Ha coincidido con el resto de la oposición en criticar al equipo de gobierno por la "falta de cooperación" debido a la mayoría absoluta del PP. 

Aunque ha valorado positivamente la respuesta inicial ante el derrumbamiento de la calle de San Francisco hace un año, se ha desmarcado de la posterior acción municipal. Ha afirmado que el equipo de gobierno se resistió inicialmente a aportar la información relativa al colapso del número 21 y ha acusado a los populares de tratar a los damnificados como si fueran "la oposición".

Guillén ha propuesto un acuerdo de todos los grupos municipales para garantizar las actuales ayudas a los afectados -empezando por el alojamiento- durante toda la legislatura para dar más seguridad a los beneficiarios y para crear un grupo de trabajo con todos los partidos y los vecinos para diseñar un plan de rehabilitación "integral" de todo el barrio del Carmen, que incluye la calle San Francisco.

Buj ha ignorado las propuestas del PSOE sobre San Francisco y ha defendido su gestión al respecto. "Hemos estado desde el principio al lado de los afectados", ha afirmado. Ha agregado que el Ayuntamiento "seguirá ahí hasta el último momento, hasta que las familias afectadas puedan recuperar la normalidad".

La portavoz de Vox, Elena Fernández, ha destacado la "buena calidad de vida" que disfrutan los turolenses y que, a su juicio, se ve amenazada por proyectos como la anunciada remodelación de la avenida de Sagunto para reducir la presencia de coches y la planta de biomasa de la Fuenfresca. En su opinión, en el origen de las amenazas para el bienestar ciudadano está "la Agenda 2023, que no ha sido votada por nadie". 

El nuevo Plan General se aprobará en julio

El portavoz socialista y la alcaldesa se han enzarzado a cuenta de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -el actual se remonta a 1985-. José Guillén ha denunciado falta de tiempo para analizar el documento, que, si se cumplen las previsiones del equipo de gobierno, se aprobará a finales del próximo mes de julio. Guillén ha solicitado que el periodo de alegaciones, de tres meses, arranque el 1 de septiembre en lugar de hacerlo el 1 de agosto para facilitar a los particulares el estudio del nuevo PGOU y la presentación de alegaciones.

La alcaldesa ha explicado que el periodo de información pública para alegaciones, que, por ley, es de dos meses, se ampliará a tres. Emma Buj ha afirmado que desde que empezó la legislatura se han celebrado sesiones informativas sobre el PGOU con la actual corporación para ponerla al día del nuevo planteamiento urbanístico.

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