La autorización de caza extraordinaria aplicada por el Departamento de Agricultura en la reserva de Montes Universales para reducir la superpoblación de especies cinegéticas -ciervos particularmente- se ha saldado con más de 600 ejemplares abatidos en un mes por 140 cazadores de la comarca. Las cacerías, que terminaron el pasado domingo, provocaron una agria polémica política porque el PSOE tachó esta medida de "escuela de furtivismo" al incorporar novedades, como la posibilidad de cazar sin el control de los agentes de protección de la naturaleza (APN) y de disparar tanto de día como de noche.

La medida ha sido útil, según el director general de Caza, José María Valero, para rebajar la presión de los ciervos y otras especies cinegéticas sobre los cultivos de la Sierra de Albarracín, donde la intensidad y reiteración de los daños es "superior a lo admisible". Agrega que la situación actual generaba una agricultura totalmente dependiente de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de las compensaciones por los daños de la fauna, un panorama insostenible, a su juicio.

Valero explica que la cifra precisa de ejemplares cazados no se podrá conocer hasta este miércoles, cuando termina el plazo para que los cazadores devuelvan los permisos sobrantes. Adelanta, no obstante, que el número de capturas oscilará entre 600 y 700, en su mayoría ciervos y que se suman a los 1.200 ciervos eliminados durante la temporada de caza ordinaria.

José María Valero aclara que la autorización excepcional de caza pretendía el "control poblacional" de los ciervos. La resolución de la DGA permitía cazar hembras y crías de menos de un año de forma gratuita en parcelas agrícolas. Una vez cazado el ciervo, debía remitirse su foto georreferenciada del cadáver a la DGA. Para Valero, es "desproporcionado" relacionar esta experiencia con el furtivismo. Adelanta que, tras evaluar los resultados, se determinará si se aplica una prórroga o no.

El diputado socialista en las Cortes de Aragón Ángel Peralta, muy beligerante contra la autorización, la califica de "barbaridad" y denuncia la "falta de control" sobre las cacerías, que han incluido como "hecho insólito" matar animales por la noche sin control de los APN. También cuestiona la falta de supervisión sobre el destino de las carne de los animales abatidos, que podía derivar en la economía sumergida. 

El parlamentario señala que la solución a los daños causados por la fauna pasa por incrementar las compensaciones de la Administración, pero no por "una medida radical que ha generado alarma social".

El alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, tacha la medida de "desproporcionada y desacertada". A su juicio, si había que hacer descastes, debieron hacerse "de forma controlada" y bajo la supervisión de los guardas de la reserva. Samper también se muestra preocupado por la gestión de la carne de los animales cazados con la autorización de la DGA por la falta de supervisión. Lamenta también que esta experiencia no haya repercutido en la economía de los ayuntamientos, titulares de la reserva de caza, como ocurre con las temporadas de caza normalizadas.