La comunidad de propietarios del edificio de la calle de San Francisco número 19 de Teruel, contiguo al bloque de cinco plantas que se derrumbó el 13 de junio de 2023, recurren ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la orden de demolición parcial del inmueble debido a su estado de "ruina inminente". La finca, que estaba ocupada por nueve familias cuando se produjo el colapso del número 21, quedó gravemente dañada por el derrumbe y, según los informes de los servicios municipales, está en ruinas en la segunda y tercera plantas.

El Ayuntamiento ordenó el derribo de la segunda y tercera plantas con el apuntalamiento del resto del inmueble y la adopción de medidas para evitar que, al retirar la cubierta, se produzcan nuevos daños por las filtraciones de aguas pluviales. La intervención, con un coste estimado en 300.000 euros, fue rechazada por los propietarios, que consideran que debería ser el Consistorio o el responsable del hundimiento del número 21 quienes asuman el coste de la demolición parcial.

El Ayuntamiento desestimó las alegaciones de los propietarios, que han recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la ejecución del derribo parcial con sus propios recursos. La finca permanece precintada por la Policía Local desde el pasado 13 de junio.

La portavoz de los propietarios del número 19, Patricia Aldazabal, explica que recurren la demolición por entender que el Consistorio no debería apelar al "deber de conservación" del edificio, que estaba en perfectas condiciones hasta que se vio afectado por el desplome de la casa contigua. Apunta también que el derribo parcial podría resultar baldío si, como se temen, todo el edificio puede terminar en ruinas.

El número 21 se desplomó por causas que se están investigando acabando con sus 21 viviendas, afortunadamente sin causas daños personales. Las nueve familias que vivían en el número 19 tuvieron que abandonar el edificio precipitadamente el 13 de junio y se acogieron a las ayudas de realojo del Ayuntamiento.

Aldazabal señala que, en su caso, como propietaria de la buhardilla –la zona del edificio que quedó más dañada–, en la que vivía con su familia, tiene que soportar gastos derivados de un casa condenada a la piqueta, como el pago de la hipoteca, el IBI o el seguro del piso.

La ejecución subsidiaria, aparcada

La alcaldesa, Emma Buj, emitió un decreto de Alcaldía el pasado día 17 en el que ordenaba la ejecución subsidiaria de la demolición parcial del número 19 porque, entre otras razones, la coordinadora de seguridad y salud de la operación de desescombro del numero 21 advertía del riesgo de caída de materiales sobre los trabajadores que construyen un muro de contención y retiran los cascotes.

El decreto advertía a los propietarios de que debían autorizar el acceso del Ayuntamiento en tres días para proceder al derribo o, si no, iba a pedir una autorización judicial. También informaba a los dueños del inmueble de que deberían asumir el coste de la actuación subsidiaría más un recargo del 15% por "gastos generales".

Sin embargo, el concejal delegado de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, aclara que la demolición subsidiaria no se va a llevar a cabo finalmente porque "no hay un peligro inminente" de derrumbamiento sobre el solar colindante, en el que opera la empresa que construye el muro de contención y realiza el desescombro. Cruzado agrega que el Ayuntamiento no va a actuar en el número 19 a la espera de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo resuelva el recurso contra la orden de demolición presentado por los afectados.