Los propietarios del edificio de cinco plantas que se hundió por completo en la calle de San Francisco de Teruel el 13 de junio de 2023 se enfrentan a una nueva dificultad derivada del suceso, en el cual, si bien no hubo que lamentar víctimas, los daños materiales fueron ingentes, ya que el inmueble quedó reducido a escombros.

Los dueños de las 21 viviendas, garajes y locales comerciales que aquel día se vinieron abajo en cuestión de minutos –unos 40 titulares– han demandado al Ayuntamiento por entender que el proceso administrativo por el que este realiza el desescombro de forma subsidiaria, –adelanta el dinero con la previsión de repercutir después el coste a los propietarios– no ha sido correcto. Además, afirman que no podrían asumir el importe de estos trabajos, 1,6 millones de euros, si finalmente resultasen responsables del colapso.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel celebró este martes una vista en la que se escuchó a ambas partes –propietarios y Ayuntamiento de Teruel– y en los próximos días resolverá si la actuación municipal ha sido la adecuada.

El portavoz de los afectados por el derrumbe, Javier Carbó, argumentó a la salida del juicio que "había alternativas más baratas" para llevar a cabo tanto el desescombro como la construcción de un muro pantalla que evite que la calzada de la calle de San Francisco se hunda cuando sea retirada la montaña de cascotes. Agregó que los trabajos se llevan a cabo "con el desacuerdo de los vecinos damnificados", pues en su momento estos ya presentaron alegaciones al plan de limpieza del Ayuntamiento "que no fueron tenidos en cuenta".

Según Carbó, el Consistorio ejecuta las obras "sin proyecto", pese a que "tuvo al menos cuatro meses para redactarlo". Entienden los vecinos, además, que el criterio de ‘deber de conservación’ bajo el que el Ayuntamiento les ordenó el pasado mes de septiembre que limpiaran y dejaran en buenas condiciones de seguridad el solar "no es el idóneo, porque no hay nada que conservar, está todo demolido", esgrimió el portavoz de los afectados.

Por su parte, la jefa de Gabinete de Alcaldía, Rocío Féliz, sostuvo que una Administración puede encargar una obra sin necesidad de proyecto "cuando se trata de una situación de emergencia", como cree que se ha producido en el caso de la calle de San Francisco. Féliz expresó su deseo de que el litigio "se resuelva cuanto antes y para bien de todos".

Sin recursos económicos

Si los 40 propietarios tuvieran que asumir el coste del desescombro y la construcción del muro pantalla deberían aportar cada uno en torno a 40.000 euros, una cantidad de la que no disponen, asegura Carbó. "Nos hemos quedado sin casa, muchos aún pagan la hipoteca o acaban de liquidarla; no tenemos recursos", lamentó el portavoz vecinal, quien explicó que el seguro contratado por la comunidad de vecinos no cubre el derrumbe.

Carbó señaló que, en caso de que la responsabilidad recayese sobre los propietarios, la cuantía a la que estos tendrían que hacer frente excedería del 1,6 millones de euros del desescombro, pues tendrían que hacerse cargo también de los daños que el hundimiento causó en los edificios anejos. "Estaríamos metidos en un agujero económico enorme", alertó. No obstante, los vecinos confían en que podrán demostrar que la casa se hundió por filtraciones de agua ajenas al inmueble.