Teruel es la provincia aragonesa con más núcleos de población cuyos habitantes pueden optar a las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial previstas por el Gobierno aragonés para acabar con el desequilibrio territorial que padece la Comunidad Autónoma en materia demográfica y económica.

Según ha explicado este martes el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que ha presentado en Teruel esta herramienta de lucha contra la desertización del medio rural, un 95,64% de los municipios, pedanías y barrios turolenses cumplen con los criterios establecidos para recibir las subvenciones, frente al 90% de los pueblos oscenses y el 80% de los zaragozanos. En total, están incluidos 636 municipios de Aragón –el 87%–, de los cuales 329 están localizados en comarcas turolenses.

El Fondo de Cohesión Territorial, dotado este año con 2,7 millones de euros para toda la Comunidad Autónoma, prima los proyectos ubicados en aquellos asentamientos con menor índice de desarrollo territorial, barajando, para establecer esta calificación, múltiples datos sobre población, servicios, empleo y comunicaciones, entre otros aspectos. También se tiene en cuenta si el núcleo depende de otro mayor o si, aún siendo autosuficiente, se encuentra en una comarca deprimida.

La convocatoria se publicó en el BOA el pasado viernes y hay tiempo hasta el 16 de julio para presentar los proyectos, que serán financiados al 100% si resultan elegidos. Hay ayudas para empresas, asociaciones, fundaciones y particulares, que van de los 1.000 a los 20.000 euros. Ante la llegada de la pandemia por la covid-19, el fondo tratará de frenar la despoblación y paliar las consecuencias económicas del coronavirus.

En este sentido, Soro ha destacado que el Fondo de Cohesión se centrará en los proyectos que generen empleo en los pueblos, especialmente femenino y joven, pero también tendrá en cuenta las iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los mayores en sus casas y en el desplazamiento a centros médicos y asistenciales, así como el impulso al comercio, la agricultura ecológica, la artesanía alimentaria, la actividad forestal y la cultura.

Las ayudas son tanto para gasto corriente como inversión que se hayan realizado del 1 de enero al 15 de noviembre, salvo cuando se trate de subvenciones al pago de salarios o seguridad social, donde el plazo se alarga hasta el 31 de octubre. La DGA quiere tener lista la resolución antes del próximo mes de septiembre.