Repsol frena la demolición de la central de Escucha para negociar su cesión al Ayuntamiento

Repsol, la empresa propietaria de la antigua central de Escucha, ha solicitado al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que aplace durante seis meses la resolución sobre el plan presentado para la completa demolición de la planta. Quiere aprovechar el aplazamiento para negociar la posible cesión o venta al Ayuntamiento para su restauración y apertura al público como un recurso turístico. El Consistorio pretende complementar la visita al museo minero, habilitado en un antiguo pozo carbonífero, con el recorrido por la térmica.

Un portavoz de Repsol explica que desde hace un mes esta compañía mantiene contactos con el Ayuntamiento de Escucha, que quiere la central, cerrada en 2012 tras 42 años de funcionamiento, para su aprovechamiento turístico. Aunque "sin renunciar" de momento a la demolición, la empresa energética ha pedido al Inaga un parón de medio año en la aprobación del proyecto de derribo, ya remitido pero pendiente del visto bueno administrativo.

Desde la compañía energética aclaran que no se ha concretado si el traspaso de la propiedad al Ayuntamiento será por cesión o venta ni en qué condiciones. Añaden que se tienen que estudiar los condicionantes de seguridad para hacer visitable la planta. De momento, se muestran dispuestos a "estudiar" las propuestas de reutilización municipales.

Aunque el Ayuntamiento quería reservarse durante la pasada legislatura parte de los edificios de la central, finalmente desistió, lo que llevó a Repsol a presentar ante el Inaga un proyecto para demolición total de la planta. El cambio de equipo de gobierno municipal tras las últimas elecciones municipales ha llevado al Consistorio a rechazar el derribo y reivindicar el paso a manos municipales para conservarla y hacerla visitable.

El alcalde de Escucha, Luis Fernando Marín, explicó que el Ayuntamiento recibirá en los próximos días la documentación de Repsol con los planos y las características de la central, una información que servirá para valorar el coste de la restauración y de su mantenimiento.

Marín señala que el Ayuntamiento aspira a una cesión gratuita por parte de Repsol, que en caso de seguir adelante con su plan de demolición tendría que gastarse cuatro millones de euros en la operación, aunque una parte se recuperaría con la venta de materiales de reciclado.

El Consistorio espera que la compañía aporte con la cesión el coste del derribo, un desembolso del que queda liberada al conservarse la central. A juicio de Marín, con estos fondos sería suficiente para restaurar y abrir al público la planta. Señala su potencial como atractivo turístico al ser una térmica de pequeño tamaño fácil de gestionar y conservar y que podría ser el testimonio de una actividad, la termoeléctrica, condenada a la extinción.