La fiscal de la Operación Molinos ha vuelto a decirle al juez del caso que si decide poner en libertad provisional a la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, debe pedirle una fianza de 800.000 euros, retirarle el pasaporte y obligarle a presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La representante del ministerio público responde así al tercer escrito de petición de libertad provisional que presentaron los letrados de la primera edil, Javier Notivoli y Xenia Cabello. Los dos primeros fueron denegados por el juez y en la segunda ocasión, recurrieron ante la Audiencia Provincial. Pero antes de que esta se pronunciase, la fiscalía abrió la puerta de la libertad bajo fianza de 800.000 euros, lo que llevó a los abogados a desistir de su recurso ante la Audiencia y presentar de nuevo la petición ante el instructor del caso, el titular del Juzgado de Primera Instrucción y Primera Instancia número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia.

Como se esperaba, la respuesta de la fiscal ante la nueva solicitud ha sido la misma, es decir, interesa que continúe en prisión provisional porque considera que no han cambiado las circunstancias por las que ingresó en la cárcel el pasado 21 de marzo. Subsidiariamente y para el caso de que el juez accediese a ponerla en libertad, pide que se fije una fianza de 800.000 euros.

La familia de María Victoria Pinilla hace días que ha reunido los avales bancarios que garantizan esa cantidad y los tiene listos para presentarlos en el juzgado en el momento en que les comuniquen la noticia que esperan desde hace tiempo. De hecho, cuando el pasado 23 de junio la fiscal planteó la posibilidad de que pudiera eludir la prisión con fianza ya fue motivo de celebración pública entre los familiares y amigos de la alcaldesa de La Muela.

María Victoria Pinilla es la única de los tres imputados en la Operación Molinos que fueron enviados a la cárcel que permanece en ella. El empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado salió el 29 de mayo tras pagar 250.000 euros de fianza. El concejal de La Muela Juan Carlos Rodrigo Vela lo hizo el 19 de junio, una vez depositados en el juzgado avales bancarios por valor de 150.000 euros. Pero el primero que se libró de entrar en Zuera fue Julián de Miguel, presidente de la empresa Aranade, a quien la fiscal le exigió 120.000 euros para no ir a prisión.

María Victoria Pinilla está imputada, entre otros, por blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos o cohecho, delitos todos ellos castigados con penas de hasta seis años de prisión. También se le atribuye un delito contra la Hacienda Pública por defraudación de subvenciones (hasta cuatro años), defraudaciones y exacciones ilegales (hasta tres años), tráfico de influencias (hasta un año).

En su primer escrito, la representante del Ministerio Público repasaba una por una las imputaciones contra la alcaldesa de La Muela y recordaba que la fase de investigación aún no ha terminado. También resaltaba que el Tribunal Constitucional en varias resoluciones ha sido tajante al afirmar que "la privación de libertad no puede ser pena anticipada" y que su mantenimiento debe estar claramente justificado. Así, subrayaba que durante los meses que Pinilla lleva en prisión se han seguido practicando pruebas, se han tomado declaraciones y la Policía todavía está investigando la documentación incautada.

Pero lo mismo ocurría con los otros dos encarcelados y fueron puestos en libertad.