Huesca

Cámaras de vigilancia en una calle de Huesca para prevenir el vandalismo y las amenazas

El Ayuntamiento urge a la Delegación del Gobierno para que autorice la instalación de cuatro aparatos en la calle de la Música del barrio del Perpetuo Socorro.  

La calle Federico Mayo de Huesca pasará a llamarse calle de la Música.
Heraldo.es

El Ayuntamiento de Huesca instalará cuatro cámaras de vigilancia en la calle de la Música (antigua Federico Mayo), en el barrio del Perpetuo Socorro, para prevenir actos vandálicos, daños contra la propiedad pública y privada, amenazas y otros delitos que según los vecinos se vienen produciendo desde hace tiempo. El equipo de gobierno ha pedido a la Delegación del Gobierno celeridad en los permisos al tiempo que critica el retraso acumulado. Cabe destacar que Huesca, con 118, encabeza el ranquin de cámaras de uso público autorizadas.

La Comisión de Garantías de Videovigilancia, que depende del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha informado a favor de la instalación de las cuatro nuevas cámaras en el Perpetuo Socorro. La solicitud fue cursada el pasado mes de febrero a la Delegación del Gobierno en Aragón. Una vez que ha sido informada por el TSJA, según establece la normativa en la materia, el Ayuntamiento espera que el proceso esté completado a la mayor brevedad posible, ya que la autorización definitiva depende de la Delegación del Gobierno.

El gobierno municipal del PP ha lamentado "el retraso acumulado" por la resolución de la solicitud y pide a la administración central del Estado que no se demore más, ya que le remitió la petición el pasado 21 de febrero.

Según justifica, la medida responde al compromiso adquirido por la alcaldesa, Lorena Orduna, de atender la solicitud de los vecinos de la zona, que fue planteada a través de la asociación del Perpetuo Socorro. "El objetivo es contribuir a reducir la conflictividad en la zona, mediante prevención o la ayuda en el esclarecimiento de actos incívicos o incluso delitos".

En el informe que acompañó la solicitud, la Policía Local señalaba que el objetivo de las cuatro nuevas cámaras es el de "poder prevenir e, intervenir según la normativa vigente, en su caso, en los actos vandálicos, daños contra la propiedad pública y privada, así como amenazas y otros posibles ilícitos penales que, según los vecinos de esta vía de la capital, se vienen produciendo desde ya hace un tiempo atrás y, que como consecuencia de los cuales ha sido necesaria la intervención de este Cuerpo de Policía Local de Huesca, así como el de la Policía Nacional”.

A finales de octubre de 2023, la Delegación del Gobierno tenía contabilizadas 721 cámaras de uso público autorizadas en Aragón. La ciudad de Huesca, con 118, encabezaba la lista, seguida de Ejea de los Caballeros (90), La Puebla de Alfindén (46) o Sabiñánigo (35), pero muchos núcleos pequeños, como Arén (3) o Ardisa (5) también contaban con estos dispositivos. Y en esa misma fecha estaban en trámite para autorizar o renovar 760 en 54 localidades de la Comunidad, la mayor cantidad en Utebo (53), Monzón (92) o Caspe (45).

Y es que cada vez son más los ayuntamientos interesados en colocar cámaras para atajar el vandalismo y los robos que afectan a instalaciones municipales, viviendas y explotaciones agrarias. En el caso de la provincia de Huesca, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado: Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Tierz y Torres de Barbués. Y otras cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado: Banastás, Casbas de Huesca, Sariñena, Senés de Alcubierre y Torrente de Cinca.

Las solicitudes para implantar sistemas de videovigilancia se tramitan a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, mientras que la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón. Esta Comisión está encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la conforman la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, un abogado del Estado, el secretario general y la jefa de Derechos Ciudadanos de la Delegación y un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.