Un hombre de 43 años se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca acusado de presuntos delitos de amenazas y odio por haber enviado mensajes intimidatorios a través de una red social a la Asociación de Familias de Niños Transexuales, Chrysallis, con sede social en Benasque. 

La Fiscalía solicita para él penas que suman cuatro años y medio de cárcel, 12 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 10 años. 

Bajo el lema de 'Paremos el odio juntes', la Asociación 28J de Huesca, Euforia y Chrysallis había convocado una concentración este miércoles a las 10.30 a las puertas del Palacio de Justicia "para demostrar que aunque hemos avanzado en derechos, necesitamos que estos delitos no pasen desapercibidos y se entienda que nuestro colectivo se enfrenta a ellos diariamente", explican. Sin embargo, el juicio ha quedado suspendido a última hora por la falta de un informe forense del acusado por lo que la protesta también se ha aplazado.

Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando desde la asociación Chrysallis presentaron una denuncia ante la Guardia Civil por las amenazas con motivación tránsfoba que habían recibido a través de cinco mensajes privados por Twitter enviados desde varias cuentas con un contenido muy similar.

En ellos, se lanzaban advertencias como "morirán, travestidos de mierda", "todos fuera de la asociación o van a morir, degenerados", "prepárense para la guerra" -junto a una foto de una pistola, un cargador y diez balas- o "sigan enseñando a mi hija a ser trans y verán como padre, no dejaré malas enseñanzas a mi familia, los voy a matar uno por uno" -con otra foto del presunto autor de las amenazas empuñando un arma-, entre otras. Se dirigían contra los integrantes de Chrysallis y contra otras personas vinculadas al colectivo LGBTI como la activista transexual, actriz y entonces parlamentaria socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli (ahora es senadora por Sumar).

A raíz de la denuncia, la Guardia Civil abrió la operación 'Hate' (que significa odio en inglés) y tras una compleja investigación, se pudo determinar que para enviar algunos de los mensajes se habían utilizado cuatro perfiles falsos, creados con identidades y datos ficticios supuestamente mejicanos, y para enviar otro de los mensajes se había 'hackeado' el perfil de una persona comprometida con el colectivo LGTBI.

Las pesquisas llevaron a identificar en 2019 como supuesto autor de estos mensajes a un barcelonés con antecedentes por un delito similar cometido en Mataró unos años antes y que en ese momento estaba encarcelado por otros motivos.

La Fiscalía sostiene que envió estos mensajes con una finalidad "intimidatoria y vejatoria" y tipifica los hechos como un delito de amenazas no condicionales de un mal que constituye delito dirigidas a atemorizar a un colectivo social y otro delito de odio.