La construcción de nueve depuradoras en el Pirineo separa a Aragón de cumplir con la directiva europea de aguas residuales, uno de los ejes de la política ambiental de la UE. La Comunidad Autónoma supera con creces el plazo dado por Bruselas para que todas las aglomeraciones urbanas con una carga contaminante de más de 2.000 habitantes equivalentes (unidad que incluye residentes, visitantes o actividades industriales) dejen de verter directamente a los ríos, aunque está en el camino de solucionarlo y en el 2027 dejará por fin de infringir la norma.

A las puertas de una nueva legislatura tras las elecciones del día 9, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) reconoce que la Comunidad está fuera del calendario marcado por Europa. Existen varios incumplimientos de la directiva 91/271/CEE, que fijó en 2005 el límite para depurar las aguas de todas las poblaciones de ese volumen, lo que motivó una sanción al Reino de España que todavía está pagando.

Cuando se abrió el expediente 2012/2100, eran 629 las aglomeraciones que incumplían en todo el país, 29 aragonesas. En el último informe, del 2023, pasaron a ser 260 en España y 10 en la Comunidad. Desde entonces se ha caído de la lista Sallent de Gállego, cuya depuradora pronto llevará un año funcionando bajo los parámetros exigidos por Europa.

Las nueve pendientes de ma´s de 2.000 habitantes equivalentes son Benasque, en pruebas; Aínsa, Boltaña y Villanúa, ya adjudicadas; Candanchú, en construcción; Canfranc-Estación, ejecutada al 80%; Cerler, donde se están empezando los trabajos; Hecho, cuyo contrato se rescindió y ha vuelto a salir a concurso; y Panticosa, a mitad de construir.

"En el resto de Aragón ya se cumple", afirma el director del IAA, Luis Estaún. Cabe recordar que el Plan Pirineos de Depuración es el que más retraso acumuló, pese a que las obras estaban declaradas de interés general y financiadas por el Estado al ubicarse en las cabeceras de los ríos.

La mayor multa de Europa al Gobierno de España se ha producido precisamente por el incumplimiento de la directiva 91/271/CEE en distintos puntos del país. En 2022, la Comisión Europea certificó una mejora sustancial y rebajo la sanción, de los 10,3 millones de euros que pagaba cada seis meses a 3,1.

El umbral de 1.000 habitantes

De momento no se ha repercutido a Aragón, según el IAA, que confía en que no tenga que afrontar una multa, "si vamos cumpliendo como estamos haciendo ahora". Estaún recuerda que ya han salido varias depuradoras de la lista de infracciones. Desde la apertura del expediente informativo, cada dos años se envía un informe con la actualización de la situación, que el Ministerio para la Transición Ecológica traslada a su vez a la Comisión Europea.

"Estamos en el camino de solucionarlo. Todas las depuradoras motivo de incumplimiento están ya en vías de ejecución y en un plazo de tres años vamos a cumplir con esos compromisos", reitera el director del Instituto. En relación con el cumplimiento de la Directiva 91/271, a finales de 2023 Aragón depuraba el 100% de las aguas residuales en las aglomeraciones mayores de 10.000 habitantes equivalentes, el 90% en las de entre 2.000 y 10.000, y por debajo, el 22, 3%.

Luis Estaún asegura que el Gobierno aragonés se va a adelantar a la próxima revisión de la directiva, que rebajará el umbral a 1.000 habitantes equivalentes con el calendario de 2030. "Prácticamente lo vamos a cumplir en casi toda la Comunidad", añade.

La revisión prevé además mejorar la gestión de las aguas pluviales, cada vez más importantes ante el aumento de las fuertes precipitaciones con el cambio climático. En este sentido, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración 2022-2027 incluye, junto a la finalización de las actuaciones en el Pirineo (104 millones de euros), un programa para aguas de tormentas (600.000 euros) y otro de reutilización de aguas residuales (1.000.000).

Otra multa por los nitratos

El de los vertidos no es el único procedimiento abierto contra España por la calidad de sus aguas en el que está implicado Aragón. En marzo, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que vulneraba la protección contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Uno de los territorios señalados era el aragonés. Según la sentencia, "aun reconociendo que las medidas adoptadas por Aragón van en la buena dirección", la Comisión consideraba que no es suficiente y que el Reino de España "sigue incumpliendo las obligaciones".