La Justicia de Aragón mediará para que la cueva de Chaves se libre de las vallas
Diversos colectivos han expuesto a Concepción Gimeno los problemas de acceso al yacimiento arrasado por Victorino Alonso, que se encuentra en el interior de una finca de caza.
La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, mediará para conseguir que la cueva de Chaves pueda ser un lugar visitable. Este miércoles ha mantenido una reunión con representantes de diversas asociaciones que luchan por recuperar el lugar, donde se asentó un yacimiento neolítico, destruido en 2007 por el empresario Victorino Alonso para hacer una abrevadero de cabras en su finca de caza de Bastarás (Casbas de Huesca), en cuyo interior se localiza la cueva.
A la reunión han asistido miembros de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio de Aragón (Apudepa), la Asociación Valle de la Gloria de Casbas, Ecologistas en Acción Huesca y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, que le han expuesto las gestiones realizadas para promover que el Gobierno pueda tomar posesión de la finca y levante la valla que la rodea e impide el acceso a Chaves.
La Justicia se ha mostrado "muy receptiva y con un amplio conocimiento de las cuestiones jurídicas y administrativas que rodean el caso", a juicio de los representantes de esas asociaciones, que aseguran que se ha comprometido a iniciar dos expedientes para remitir a las administraciones competentes.
Por un lado, se dirigirá al Departamento de Medio Ambiente y Turismo de Aragón a fin de que se elimine el vallado que impide el acceso a las fincas y la utilización de caminos públicos que quedaron incorporados a la propiedad, en manos de la sociedad Fimbas S.A., de la que Victorino Alonso era administrador único.
Por otra parte, dado que el espacio goza de distintas protecciones patrimoniales, culturales y medioambientales, la Justicia instará la apertura para la visita cuatro días al mes, tal como determina la Ley de Patrimonio aragonesa. En este caso será la Dirección General de Patrimonio Cultural la que reciba la instancia del Justiciazgo. Concepción Gimeno ha hecho hincapié en el derecho de la sociedad al acceso a la cultura y al conocimiento de sus bienes.
Además, se ha sugerido a las entidades señaladas que acudan a la Fiscalía de Medio Ambiente para promover la ejecución efectiva de la sentencia que condenó a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento, así como la posibilidad de presentar una denuncia ante la Brigada Provincial de Patrimonio, "dado que la misma empresa que produjo el expolio de la cueva custodia los restos extraídos, lo que desde el punto de vista legal constituye una anomalía que podría incurrir en delito", según el comunicado de las entidades citadas.
Sin embargo, la Justicia ha querido matizar en una nota de prensa que como reiteró a estos colectivos en la reunión la institución "no puede intervenir en cuestiones que se encuentren judicializadas o en asuntos en los que haya recaído sentencia firme pendiente de ejecución". "En estas situaciones, la competencia para decidir o ejecutar lo resuelto corresponde exclusivamente al juez ordinario predeterminado por la ley".
Bajo esta premisa, añade, se solicitó a los interesados que concretasen el motivo de su queja, lo cual hicieron, con el fin de dirigir escritos a los departamentos competentes de la administración autonómica para recabar información y tras su estudio formular la resolución oportuna.
Indemnización pendiente
Ocho años después de la condena a Alonso, aún no ha sido satisfecha la indemnización de 25 millones de euros al Gobierno de Aragón por el delito contra el patrimonio histórico. La empresa Fimbas, que fue declarada responsable civil subsidiaria, entregó la finca de Bastarás como dación en pago para afrontar la indemnización, pero a estas alturas la Comunidad Autónoma de Aragón todavía no ha podido tomar posesión de las casi 2.000 hectáreas.
Las asociaciones que se han reunido con la Justicia han llevado a cabo otras iniciativas, entre ellas la entrega de un escrito dirigido al director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón reclamando la retirada de la totalidad del vallado cinegético perimetral del coto, y el vallado interior si existiese. El objetivo es que se garantice el acceso senderista por los caminos públicos e históricos que lo atraviesan, al interior del pueblo de Bastaras, a los abrigos de pinturas rupestres, a la cueva de Chaves y a todas las zonas de interés medio ambiental y geológico que a pesar de encontrarse en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara no se han podido visitar durante décadas.
La anulación del coto de caza (HU-10.134P) por orden de la DGA a raíz de un expediente abierto contra Fimbas S.A en 2007 por la introducción de una especie alóctona obligaba a levantar el vallado. La orden fue refrendada por los tribunales pero nueve años después de la última sentencia judicial, "el vallado sigue instalado imposibilitando, o en todo caso dificultando el acceso al interior del espacio público, sin saber los motivos por los que el Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Huesca no procede a la retirada del mismo subsidiariamente", según explican esas organizaciones.
