El grupo municipal de Vox ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del reglamento orgánico del propio Ayuntamiento de Huesca, aprobado por PP y PSOE y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de marzo 2024.

Entre otras novedades, limita el número de mociones que puede presentar cada grupo en función de la cifra de sus componentes: tres si tiene más de cinco miembros; dos si son entre dos y cinco ediles y una, si solo hay un concejal. También, contempla facilitar despacho y teléfono a los ediles no adscritos, un caso inaudito en el plenario de Huesca hasta que, en noviembre de 2023, Antonio Laborda, decidió dejar el grupo de Vox y seguir en la corporación.

Desde Vox denuncian la "censura" que supone la limitación del número máximo de mociones que se pueden presentar. "Este hecho pone de manifiesto que, además de que ni populares ni socialistas trabajan lo que debieran en el Ayuntamiento, intentan impedir que los partidos como Vox puedan hacer propuestas beneficiosas para la ciudad de Huesca", señalan.

Además, defienden que la Constitución Española contempla en su artículo 23 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. "Por lo tanto, no se trata de un derecho de partidos, sino de un derecho individual de cada uno de los concejales. Los representantes electos son un vehículo esencial de participación de los ciudadanos. Con la actual redacción del artículo 73 bis del ROM, en grupos políticos con más de tres concejales, habría ediles que no tendrían derecho a plantear mociones, vulnerándose con ello, como ya decíamos, la Constitución Española y la Ley de Bases de Régimen Local", critican. Además, creen que al acortar el número de mociones, "se está limitando la acción política del grupo opositor y no la del equipo de gobierno".

VOX anuncia que pedirá la suspensión cautelar del citado reglamento, "ante la gravedad de la situación y la vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española".