Representantes de Acaip-UGT del Centro Penitenciario de Zaragoza (Zuera) y José Antonio Alenta, secretario territorial de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Huesca, se han reunido con Begoña Nasarre, diputada del PSOE en el Congreso, para abordar el tema del transporte colectivo de los trabajadores hasta la cárcel. 

La supresión de una de las líneas de autobús entre Zaragoza y la prisión  y la eliminación de la conexión entre esta y la capital oscense están produciendo "un claro perjuicio a todos los empleados públicos penitenciarios", denuncian los sindicatos. Según afirman, este recorte supone un grave deterioro de las condiciones laborales de trabajadores de ambas ciudades por cuanto que "genera un mayor gasto económico, el incremento del riesgo en los desplazamientos, un elevado grado de contaminación ambiental, y la ruptura del compromiso derivado del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios que, sin ninguna duda, garantizaba el desplazamiento de los trabajadores a las infraestructuras penitenciarias".

Acaip-UGT ha reclamado "una solución urgente" dada la afección directa para todo este personal público y ha trasladado su "malestar por la escasa capacidad de maniobra que se ha proporcionado a los trabajadores". Explican que el aviso de la supresión de las líneas de autobús se recibió con tan solo dos días de antelación a la aplicación de la medida de recorte, impidiendo con ello una respuesta adecuada por parte de los afectados.

"Ya se han cumplido 76 días sin trasporte y seguimos reclamando una solución rápida", apostillan. Los afectados destacan que este servicio se ha venido prestando desde la inauguración de la cárcel en 2001, tanto desde la ciudad de Zaragoza como desde la Huesca hasta el centro penitenciario. "En la actualidad, sin previo aviso, se procede a suprimir lo que ya constituye una condición de trabajo consolidada que no puede ser modificada unilateralmente", señalan. 

Además, subrayan que la ubicación de la prisión fue "una decisión que adoptó la Administración Penitenciaria sin consulta a los trabajadores, y debe de ser esta la que establezca una forma útil y eficaz para poder acudir a los puestos de trabajo". Destacan que la cárcel se encuentra en un lugar en el que no existen viviendas ni localidades próximas, ni servicio de transporte público regular, lo cual hace "inviable que el domicilio de los trabajadores radique en las inmediaciones del  centro de trabajo, habiendo optado por establecer sus domicilios en las localidades que, hasta la fecha, estaban conectadas por una línea regular de transporte con su centro", manifiesta Acaip-UGT. 

Asimismo, resaltan que existe, con fecha 27 de enero de 1993, un acuerdo sobre los criterios de reasignación de efectivos derivados del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, suscrito por las centrales sindicales y por la Administración, donde se recoge que esta última "arbitrará las medidas alternativas adecuadas para garantizar el transporte al conjunto de los trabajadores".