Huesca insiste en tener el mismo trato que Teruel como zona despoblada
El pleno de la Diputación también insta a Sanidad a mejorar la cartera de servicios pero el PSOE evita la desaprobación de la consejera.
La provincia de Huesca no quiere quedar relegada en las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez a zonas despobladas y pide mecanismos de apoyo similares a los de Teruel. Con el acuerdo de PSOE, PP y PAR, la Diputación ha aprobado este jueves una moción institucional para pedir que se incluya al territorio entre los beneficiarios de las ayudas para poner freno a la pérdida de población, porque "hay comarcas que no llegan a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado", apunta la vicepresidenta, Elisa Sancho (PSOE).
Además de la reducción de los costes salariales a los empresarios aprobada para Teruel, Cuenca y Soria, Huesca recuerda su petición para la creación de un mecanismo económico de apoyo a la provincia similar al que tiene Teruel con el FITE, dotado con 60 millones de euros anuales.
El pleno también ha respaldado por unanimidad una propuesta del PAR instando tanto al Gobierno Central como al de Aragón para que coordinen las soluciones precisas en el tratamiento y quema de residuos vegetales y restos de poda en las explotaciones, ya que la nueva normativa, indica Elisa Sancho, deja en un limbo a los propietarios de pequeños huertos familiares. Y aquellos dedicados de manera profesional a la agricultura se enfrentan "a una regulación incierta que implica un exceso de burocracia que se suma al que ya se ven obligados a cumplir con la PAC".
Socialistas y populares han aparcado el consenso el resto de la sesión tanto al debatir las inversiones del Estado en la provincia como en temas sanitarios. La diputada Celsa Rufas (PP) ha calificado de "vergüenza" el retraso acumulado en el tramo Huesca-Siétamo de la A-22, o los de la A-21, todavía con kilómetros pendientes cuando Navarra acabó su parte hace 16 años. La réplica ha venido del diputado Fernando Sánchez (PSOE). "¿Qué son más 185 millones o 137 millones?", le ha preguntado, en referencia a la inversión en la provincia del próximo presupuesto y del último del gobierno de Rajoy. Como ejemplo ha citado los 71 millones a invertir en 2023 en la modernización de la línea ferroviaria Huesca-Canfranc.
Rifirrafe por la sanidad
Pero el verdadero debate ha venido con tres mociones sobre cuestiones sanitarias. Ha habido reproches cruzados acerca de si el tercer curso de Medicina se perdió por culpa de un gobierno del PP o del PSOE. Los diputados sí se han puesto de acuerdo para reclamar el apoyo de las Cortes a su petición de impartir en el campus oscense el grado completo.
También se ha consensuado la petición a la consejería de Sanidad de la mejora de la cartera de servicios en los centros sanitarios de la provincia, pero no se ha producido unanimidad en la reprobación a su titular, Sira Repollés. La oposición ha citado los problemas surgidos en el Hospital de Barbastro por falta de especialistas o las demoras de hasta tres semanas en la ciudad de Huesca para conseguir una cita en Atención Primaria. El PSOE y el PAR se han negado a aceptar la desaprobación de la consejera, que según el PP era "conocedora de la falta de profesionales" y de la situación del servicio de Oncología, cuya precariedad motivó la dimisión de la jefa del servicio y una manifestación ciudadana el pasado miércoles.
Por otra parte, la Diputación ha exigido a la Universidad la oferta de más plazas de Medicina ante la falta de profesionales, "porque lo que se haga ahora influirá dentro de 10 o 12 años", en palabras del diputado Antonio Biescas (PSOE). Los socialistas han tenido que echar mano de su mayoría absoluta para instar al Ministerio de Sanidad a la firma de un contrato vinculante con los estudiantes de Medicina para que una vez acaben el grado permanezcan entre 6 y 8 años en el sistema público, si tiene falta de profesionales, o retornen el coste de su formación. Una propuesta que el portavoz del PP, Gerardo Oliván, ve "inconstitucional". «¿Por qué los médicos y no las enfermeras o los ingenieros?", se ha preguntado. Tampoco lo ha votado el PAR porque "contraviene el principio de libertad" y es inviable, según el diputado Fran Aísa.