El fiscal pide la prisión permanente para el asesino de Naiara y 3 años de cárcel para la abuelastra y el padrastro

La Fiscalía ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para Iván Pardo, acusado de matar a su sobrina Naiara, en 2017 en Sabiñánigo. El Ministerio Público le atribuye un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y vulnerabilidad de la víctima, que tenía 8 años. Además, no podrá acercarse a los padres de la niña a una distancia inferior de 500 metros ni residir en Sabiñánigo durante 10 años. 

Pero el Ministerio Público le pide además 3 años de prisión por el delito de violencia psíquica y física habitual en el ámbito familiar, que hace extensible a Nieves Pena, la abuelastra de la menor, y a Carlos Pardo, padrastro, por el mismo delito. En los tres casos con la accesoria de prohibición de tenencia de armas durante 5 años e inhabilitación para ejercer la patricia potestad, tutela, guarda o acogimiento. 

Iván Pardo, según el relato de hechos que incluye el fiscal en sus conclusiones provisionales, convivía en Sabiñánigo con su madre, Nieves Pena, dos sobrinas de 12 y 14 años, y con la niña Naiara, hijastra de su hermano Carlos. Este la envió a la casa “con el pretexto de incentivar su interés en el estudio”, lejos del núcleo familiar formado por él y la madre biológica, Mariela Benítez, y sus hermanas de 2 y 5 años.

El relato de hechos de la Fiscalía detalla las torturas y el enorme sufrimiento del que fue víctima Naiara, y no solo por parte de quien finalmente le causó la muerte. Iván Pardo y su madre, entre los días 24 de junio de 2017 y 6 de julio del 2017, “de mutuo acuerdo y con el decidido propósito de menoscabar la integridad de la niña”, la maltrataron física y psiquicamente. Ambos, asegura el fiscal, la obligaron a arrodillarse sobre materiales tales como grava u ortigas, “como castigo por conductas infantiles propias de la edad de la niña, infligiéndole un dolor inhumano y desproporcionado”.

Con la excusa de hacerla estudiar, ambos le propinaron golpes con el puño cerrado en brazos, piernas, espalda y cabeza. La sometieron a todo tipo de humillaciones y vejaciones, asegura la acusación particular, se burlaban continuamente de ella delante de otros miembros del núcleo familiar, colocándole incluso orejas de burro sobre su cabeza, mientras era grabada en vídeo con los teléfonos móviles. Esas imágenes se difundían a otros miembros del núcleo de convivencia o amigos próximos.

Entre la noche del 5 de julio y la madrugada del 6 de julio de 2017, la abuelastra reprendió e increpó a la niña con el pretexto de no saberse correctamente la lección, imponiendo como castigo estudiar durante toda la noche, impidiéndole dormir y la obligó a arrodillarse sobre grava hasta que consiguió aprender la lección.

Su hijo, padrastro de la pequeña y hermano de Iván Pardo, era conocedor de las conductas "violentas, vejatorias y atentatorias”, asegura el Ministerio Público, desde el primer momento, cuando dejó a la niña en el domicilio de su familia. La Fiscalía le reprocha que, encontrándose en situación de desempleo , se dedicó al cuidado de sus hijas biológicas, “si bien se negó a la atención y cuidado de su hija política”. Desplazó a la menor a esa casa “con conocimiento y en connivencia con las violencias y vejaciones que sobre la niña Naiara iban a ejercer, tanto su hermano, como su madre”, concluye. Pero además, “las alimentaba y fomentaba, llegando a golpearla, insultarla y castigarla de manera desproporcionada en determinadas ocasiones”. De ahí que también lo acuse del delito de violencia en el ámbito familiar.

Grilletes y un calcetín en la boca

Durante la mañana y mediodía del 6 de julio de 2017, a partir de las 08.30, el principal imputado sometió a la niña a todo tipo de violencia, con "patadas, golpes, agresiones y torturas”, sabiendo que estos actos conducían necesariamente a la muerte de la niña, y “con inmenso sufrimiento de la víctima”.

En concreto, entre las 08.30 y las 13.30 de ese día, “de forma salvaje, despiadada e inmisericorde”, el acusado forzó a la niña a permanecer de rodillas sobre piedras de grava y utilizó técnicas de inmovilización, la ató de pies y manos con grilletes y con una cuerda, le puso un calcetín en la boca y se lo sujetó con un cinturón, impidiéndole gritar, pedir auxilio o realizar acto alguno en su defensa y protección.

Después, aprovechando el desamparo de la niña, le golpeó en la cabeza, de forma alternativa con puños y botas con puntera de acero y efectuó descargas eléctricas por todo el cuerpo de la menor, con una raqueta electrizada, manipulada por el acusado con el fin de torturar e infringirle mayor dolor y padecimiento, provocándoles quemaduras por todo el cuerpo. También le golpeó con la hebilla de un cinturón en las plantas de los pies y la agarró del pelo, la levantó del suelo y la tiró y estampó contra él. El tormento siguió golpeándole la cabeza contra una mesa.

Todo ello, le causó “múltiples e insalvables, heridas, hematomas, quemaduras y traumatismos”, que finalmente la dejaron inconsciente durante más de dos horas y sin que Iván Pardo pidiera ayuda o llamara a los servicios sanitarios de urgencia, hasta que la niña sufrió una parada cardio-respiratoria.

Sobre las 15.45, fue atendida por los servicios sanitarios de urgencias en el mismo domicilio por parada cardio respiratoria. Después, fue trasladada al hospital infantil Miguel Servet de Zaragoza, donde entró a las 18.45 y se certificó su muerte a las 19.45.

El forense certificó que la muerte se produjo por un traumatismo craneoencefálico severo, consecuencia de contusiones repetidas de la cabeza contra una superficie dura y plana. Además, el cuerpo presentaba numerosas lesiones repartidas por todo el cuerpo, evidencia de un “dolor continuado y repetido de forma generalizada”, así como lesiones traumáticas causadas con diferentes objetos romos, erosiones, quemaduras eléctrica y heridas compatibles con sofocación manual y sujeción de muñecas y tobillos.

Las dos primeras fueron testigos de la tortura

La muerte se produjo, concluye el fiscal, por las torturas infligidas por el acusado, prolongadas en el tiempo. El escrito de calificación menciona que las dos primas de 14 y 12 años tuvieron que presenciar el suplicio. La abuela les mandó realizar turnos de vigilancia para controlar que Naiara estudiara la lección y no durmiera. 

Iván Pardo las obligó a participar, proporcionándole los objetos que demandaba, tales como el calcetín para cubrir la boca, cinturón para golpearla, raqueta eléctrica para producirle descargas y quemaduras y amoniaco para evitar que entrara en estado de inconsciencia. Una de ellas intentó frenar la conducta violenta y feroz desplegada por su tío, realizando finalmente la llamada telefónica por la que se dio aviso a los servicios sanitarios de la gravedad en la que se encontraba la menor.

Indemnizaciones para los padres

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita también que el acusado indemnice a la madre y al padre biológicos de Naiara con las cantidades de 100.000 y 70.000 euros respectivamente. En el caso de Mariela Benítez, incrementa el importe en 30.000 euros por un "perjuicio personal particular" ya que convivía en el mismo domicilio con la niña.

Todo indica que el juicio se prolongará varios días ya que solo la Fiscalía ha pedido, además del interrogatorio de los acusados, la declaración de 13 testigos. Entre ellos, las dos primas de Naiara que fueron testigos de los malos tratos, según el fiscal, y que al ser menores de edad podrán declarar por videoconferencia o tras un biombo para evitar el contacto visual con el acusado; tres responsables del colegio Montecorona de Sabiñánigo donde estudiaba la niña; y una trabajadora de los Servicios Sociales de la Comarca del Alto Gállego.

Además, el Ministerio Público ha propuesto la práctica de siete periciales distintas con la participación de 17 expertos. La lista incluye a los pediatras que atendieron en un primer momento a Naiara cuando ingresó en el hospital Miguel Servet, los forenses que realizaron la autopsia, y a los psiquiatras y psicólogos que elaboraron informes del estado mental de acusado. 

Asimismo, también intervendrán expertos de la Guardia Civil que llevaron a cabo la inspección ocular de la vivienda donde se produjeron las torturas y los que analizaron los teléfonos móviles de las primas menores de edad y del acusado donde aparecieron mensajes de presuntos malos tratos. También declararán trabajadoras sociales que realizaron un informe de la situación familiar, social y psicológica en la que vivía Naiara.

Finalmente, el fiscal solicita que se mantenga la situación de prisión provisional del acusado hasta la celebración del juicio y que el señalamiento se haga "a la mayor celeridad posible" y siempre antes del 7 de julio de 2021, cuando vencería la prórroga de la prisión que fue acordada por la juez este pasado verano al haber cumplido ya dos años de su ingreso en la cárcel.