La Diputación culpa a la DGA y al Ministerio de las multas a los ayuntamientos por los vertidos

Ante la cascada de sanciones a los ayuntamientos del Pirineo por verter a los ríos sus aguas residuales sin depurar, multas que están siendo confirmadas en los tribunales, la Diputación Provincial de Huesca aprobó este viernes un dictamen en el que insta a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica, y al Gobierno de Aragón para que indemnicen de oficio a las entidades locales por el importe de las sanciones impuestas, ya que considera que son las responsables de que no haya sistemas de depuración y consiguientemente tampoco autorización de vertido. Es un primer paso, ya que si no se produce esa compensación, la Diputación irá a los tribunales con una reclamación patrimonial.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad en el pleno de la Diputación, con los votos del PSOE, PP, PAR y Cambiar Huesca. Es la respuesta de la institución al goteo de sentencias. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificó en marzo una multa de 3.098 euros impuesta por la Confederación Hidrográfica del Ebro al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, y más recientemente ha hecho lo mismo con las recibidas por Benasque, Villanúa y Boltaña, que suman casi 18.500 euros.

No más sanciones

En segundo lugar, la Diputación insta a las dos administraciones, "a la mayor brevedad posible", a cumplir con sus obligaciones en la depuración en cabecera de los ríos. Y por último, requiere a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que se abstenga de imponer más sanciones por la falta de sistemas de depuración, "en tanto la competencia, al estar declaradas como obras de interés general del Estado, corresponde al Gobierno central".

Este semana, el Gobierno de Aragón anunció una inversión de 12 millones de euros para desbloquear definitivamente el Plan Integral de Depuración del Pirineo con la construcción de las instalaciones de Ansó, Hecho y Sallent de Gállego. Le seguirá Benasque, y más adelante otras 19.

El dictamen de la Diputación señala que "resulta contrario a los principios de justicia material" sancionar a los municipios desde la Confederación Hidrográfica cuando el incumplimiento ha partido de la propia Administración General del Estado y la DGA. Recuerda que la depuración de los núcleos pirenaicos está declarada de interés general y es competencia del Estado, aunque la puede delegar en la Comunidad Autónoma, como así hizo a través de un convenio firmado en 2008 y todavía por ejecutar.

La Diputación presta asesoramiento jurídico a los ayuntamientos sancionados por vertidos urbanos en los ríos pirenaicos, aunque como reconoció su presidente, Miguel Gracia, parece que la CHE ha paralizado la apertura de nuevos expedientes.

Reforma legislativa

El pleno también aprobó por unanimidad otro dictamen instando al Gobierno central a modificar la ley de Aguas para hacer posible que los territorios afectados por centrales hidroeléctricas logren compensaciones. Considera la reforma "necesaria y urgente", a la vista de las últimas sentencias "desfavorables con matices" a las pretensiones de restitución socio-económica. Estos fallos en contra han puesto de relieve "la necesidad de una solución legislativa que satisfaga las legítimas pretensiones de las poblaciones afectadas".

Recientemente, el Tribunal Supremo cerraba la puerta a que los municipios donde hay saltos hidroeléctricos puedan beneficiarse de los sustanciosos rendimientos de la producción de energía, a través de planes de restitución económica y social que compensarían las afecciones por la presencia de presas, tendidos o tuberías y la explotación de sus recursos naturales. Desestimaba así un recurso de la Diputación y los ayuntamientos de Benabarre, Bielsa, Graus, Laspuña, Panticosa, Plan, San Juan de Plan y Tella-Sin en contra de los acuerdos del Gobierno central de 2016 de revisión de los planes hidrológicos.

Miguel Gracia enmarcó las resoluciones aprobadas este viernes en el pleno en la defensa que debe realizar la institución provincial en los temas de energía y agua, que están siendo motivo de conflictos judiciales.