Armando Oroz: "Tengo 60 años y después de 16 en Bosal, dudo que pueda volver a trabajar en ninguna otra cosa"

Sin posibilidades de recolocación. Así está la plantilla de Bosal, 135 trabajadores para los que está planteado un despido colectivo y, pese a que en todo ERE extintivo se dice que la empresa debe aportar al menos un plan social que apoye esa posible reincorporación, en este caso no hay ninguno encima de la mesa, si bien Bosal le ha dicho a la representación de los trabajadores que lo está buscando.  

"Nos han dejado indefensos. En mi caso con 60 años y los 16 últimos en Bosal, dudo que pueda volver a trabajar en ninguna otra cosa", afirma Armando Oroz, empleado en esta auxiliar de automoción y delegado en CC. OO. Aragón. De forma "premeditada" piensa este trabajador que ha actuado la dirección de Bosal al plantear este ERE justo ahora. "En Bosal Sagunto presentaron el ERE en Navidad, cuando la plantilla estaba en casa, y en Reyes estaban todos fuera y la planta cerrada", dice. 

Ahora "hacen lo mismo con la planta de Pedrola: plantean el ERE en verano, poco antes de irnos de vacaciones, con lo que limitan la capacidad de reacción". Allí en la planta de Valencia, el motivo fue también que Bosal perdió el contrato con Ford Almussafes. Y en este caso, recuerda, "han perdido dos años antes de que finalizase, en 2026, el contrato con Volkswagen porque le subieron el precio en septiembre de 2023 y les aplicaron el incremento con carácter retroactivo desde enero con lo que en cuanto pudieron, se han buscado un proveedor".

Y como siempre, dice Oroz, los paganos los trabajadores que confíaban en tener carga de trabajo por lo menos hasta 2026 y ahora de manera sorpresiva se ven en la calle. "Bosal sabía que Volkswagen les iba a romper el contrato. Lo sabían de sobra. Nos dijeron que iban a subir el precio al fabricante, pero de la respuesta que Volkswagen les dio nos hemos enterado ahora. Se han esperado para decirlo al final", critica. 

"Y por eso no han querido hablar más que de cierre de la planta desde el día que comunicaron el ERE, a mitad de julio y ya nos mandaron a casa con la excusa de que no podían exigirnos seguir produciendo", añade.

Desmovilizar y dejar sin posibilidad de recurrir a los afectados es lo que se ha buscado, afirma convencido Armando Oroz. "El problema es que más del 50% de la plantilla tiene entre 45 y 60 años y no ha trabajado en otra empresa", denuncia, y van a tener muy complicado recolocarse. 

Ademas, confiesa, "nos va a tocar pelear mucho para sacar algo porque encima han dicho que no tienen liquidez". Menos mal que la nómina de julio la han cobrado y confían también en que Bosal les pague el permiso retribuido de estos días y también agosto, aunque ya les dijeron, recuerda, en la reunión del martes, que tenían poco dinero en la caja y que en cuanto acabe el proceso de negociación del ERE solicitarían concurso de acreedores. 

"Dudo que una empresa aguante si lleva 20 años en pérdidas como dicen. Seguro que hubo maquillaje de resultados entre las distintas empresas del grupo al menos los diez primeros años y luego han ido cerrando plantas en Francia, Bélgica y Portugal y ya solo les queda Chequia, algo en Holanda y en Ucrania, lo demás lo tienen en México y Turquia", afirma Oroz, países con los costes laborales más bajos". 

Oroz muestra su "decepción y tristeza" ante una compañía que ni siquiera está intentando dar una salida digna a muchos trabajadores que llevan toda su vida en esta fábrica. 

Ante cualquier problema, ya con la crisis anterior, cuando perdieron la asignación del Corsa, en 2017. lo que adujo la dirección de Bosal es que "somos una plantilla clara", recuerda Oroz. Las condiciones, reconoce, "eran medianamente dignas hasta entonces en que pidieron apretarse el cinturón y a las categorías inferiores les tuvieron que subir los salarios porque se quedaban por debajo del convenio sectorial del Metal". 

La planta de Bosal lleva 33 años instalada en la provincia, más de 20 en el polígono El Pradillo de Pedrola (antes estuvo en otra ubicación) y cerrará en cuestión de meses si no aparece algún inversor interesado en mantener la actividad. 

Los trabajadores confían en que desde el Gobierno de Aragón o el Clúster de Automoción presionen para evitar el cierre o al menos para exigir unas salidas dignas para 135 trabajadores que, en caso contrario, se van a quedar en la calle con lo mínimo  de unas indemnizaciones que tendrá que asumir el Fogasa. 

"Son muchos los trabajadores que abrieron esta fábrica y que ahora van a sufrir el cierre", concluye David Chico, presidente del comité de empresa de Bosal.