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Aragón rechaza los criterios de reparto de los fondos para reforzar la atención primaria

La gerente del Salud ha solicitado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se tenga en cuenta la dispersión geográfica o el envejecimiento.

Nuevo centro de salud del barrio de Jesús de Zaragoza, en una imagen de archivo.
Centro de salud zaragozano, en una imagen de archivo.
Guillermo Mestre

Aragón ha rechazado este miércoles los criterios para el reparto de fondos para reforzar la atención primaria entre las comunidades autónomas y ha mostrado su disconformidad con el "poco peso relativo" que se otorga a factores como la dispersión geográfica y la población mayor de 65 años, elementos que implican un mayor gasto sanitario.

Así lo ha trasladado la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado este miércoles.

En la reunión, se ha aprobado la distribución territorial y criterios de reparto para 2024 de los fondos asignados a las comunidades para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria e Infraestructuras y Equipamiento de Atención Primaria y Comunitaria. A Aragón le corresponden 5,4 millones de euros de un total de 172,4 millones, es decir, el 3,1%.

La gerente del Salud, que ha participado por videoconferencia, ha expresado el desacuerdo con los criterios de reparto, que se calculan en función de lo que se denomina población ajustada, porque "perjudican a Aragón". Por ello, ha solicitado, en su intervención, el cambio de estos criterios para lograr una distribución de fondos mejor ponderada.

El propio Ministerio de Sanidad, aseguran desde la Consejería, ha reconocido, en una reciente reunión del pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que tanto la dispersión geográfica como la población de más de 65 años supone un mayor gasto.

En el CISNS también se ha dado a conocer el anteproyecto de ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Tanto Aragón, como otras regiones han pedido financiación al Gobierno central para implementar las medidas que recoja esa futura ley ya que su aplicación tendrá repercusiones económicas y el Ministerio de Sanidad debería facilitar fondos suficientes para implementarla.

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