Más de 2.400 aragoneses de baja laboral están pendientes de una intervención quirúrgica en Traumatología

Aragón es la segunda comunidad autónoma con un mayor grado de incapacidad temporal por contingencias comunes, un dato que, según ha reconocido la vicepresidenta segunda de la DGA y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, hace necesario “reaccionar” y “trabajar conjuntamente con el Gobierno central, la representación sindical y de trabajadores y las mutuas” para “llegar a un punto de encuentro para encontrar las causas, agilizar los diagnósticos y los tratamientos adecuados y superar ese absentismo” ligado a las bajas laborales. Sobre la mesa se han puesto los problemas que esta situación supone para el trabajador, no solo físicos sino también psicológicos, y también para la empresa y para la sociedad en su conjunto. Entre los datos aportados figura que más de 2.400 aragoneses de baja laboral están pendientes de ser operados de una intervención de Traumatología.

Con este objetivo, los consejeros de Economía y de Sanidad, Mar Vaquero y José Luis Bancalero, se han reunido este lunes con los agentes sociales y las mutuas para abordar la incapacidad laboral por contingencias comunes, un encuentro que marca el camino para convocar un grupo de trabajo técnico, en el que participarán dos personas por cada una de las partes, que se podría reunir este mismo mes para "pautar cuáles van a ser los próximos trabajos”.

Los asistentes han coincidido en el “clima de entendimiento y diálogo” de esta primera cita, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner la “salud de las personas” en el centro. “Hemos echado en falta también al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como Administración General del Estado, a través de la dirección provincial, que ha sido invitado a esta reunión”, ha adelantado la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, que ha trasladado su intención de reclamar su presencia en las próximas reuniones de trabajo que se convoquen.

Tal y como ha añadido Bancalero, desde Sanidad se había detectado un problema en el ámbito laboral, respecto a los retrasos para una prueba diagnóstica o para pasar por el quirófano, consecuencia de las listas de espera que existen. Algo que, ha dicho, “no solo afecta al ámbito físico sino emocional”, con mayores casos de depresiones, ansiedad e incluso pérdida de autoestima. En este sentido, ha señalado que entre las personas en edad laboral que están de baja actualmente hay “más de 2.400 pendientes de una solución quirúrgica en el ámbito de la Traumatología”.

Ha puesto el ejemplo del convenio entre el Servicio Aragonés de Salud y la Mutua MAZ, para agilizar la atención sanitaria, que “el Gobierno anterior tenía aparcado”. “Prácticamente está en un 90% la actividad que son capaces de asumir”, ha señalado, y ha concretado el alquiler del suelo quirúrgico, que permite que Traumatólogos del Clínico puedan operar en ese centro sanitario. “Queremos ser más ágiles”, ha reiterado y, para ello, se va a contactar también con las sociedades científicas, “para que sirvan de guía técnica”.

“Medidas para recuperar la salud cuanto antes”

Los representantes sindicales han celebrado que se haya abordado este tema desde el Gobierno de Aragón y que se “amplíe el perímetro del diálogo social a otra Consejería, la de Sanidad”. Así lo ha trasladado al término de la reunión Manuel Pina, líder de CC. OO. Aragón, que ha puesto de manifiesto la "preocupación" que comparten por la "salud de las personas que están de baja" y que "en muchas ocasiones sufren retrasos en el diagnóstico, en las pruebas, en las operaciones... Ahí es donde nosotros queremos poner el foco". En este sentido, ha señalado el objetivo de adoptar "medida para que esos procesos se acorten y por tanto, las personas recuperen su salud antes.

También José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, ha reconocido que "el objetivo de todos es que el trabajador sane cuanto antes". Algo que, ha dicho, redunda en dos aspectos: "Primero, que va a volver a recibir el 100% de sus ingresos (que quedan mermados mientras está de baja) y, segundo, porque el sistema de salud va a ahorrar dinero y las empresas van a tener un trabajador más". Lo fundamental, ha añadido, es "hacer un protocolo de actuación" para que su recuperación sea "lo más rápida posible".

La presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, ha destacado también que las incidencias por incapacidad temporal es un tema que les "preocupa y ocupa", no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes: "Tenemos evaluado que los trabajadores tardan de media unos 39 o 40 días en poder tener un diagnóstico o haberles hecho una prueba". Y en el caso de las lesiones musculoesqueléticas llegan a estar incluso "hasta seis meses de baja porque no se les puede poner un tratamiento, una rehabilitación o una operación. Esto son muchas jornadas de pérdida". Es un problema "para la empresa, para el trabajador y para la sociedad en su conjunto".

La idea es trabajar en una "experiencia piloto" que busque el "bienestar de las personas que están trabajando en las empresas".

A la reunión ha acudido también Guillermo de Vílchez, director gerente de la Mutua MAZ, quien ha apuntado que "el tema de la incapacidad temporal es un problema nacional, es un problema gravísimo del sistema que sigue avanzando cada día, que causa perjuicios enormes. Primero al trabajador, que se tiene que recuperar cuanto antes y esto no se está resolviendo con la suficiente celeridad, y después a las empresas y a toda la sociedad". Existe, ha dicho, dificultades porque "los recursos sanitarios son limitados". Y a esto se une otro gran problema: la normativa: "Tenemos que cumplir unos procedimientos burocráticos para tratar la incapacidad temporal de enfermedad común, que retrasa en muchísimos casos el interés desesperado del trabajador por recibir el diagnóstico, el tratamiento, la cura y recibir el alta cuanto antes para volver a su puesto". "No trabajar -ha añadido- tiene mucho impacto para la persona trabajadora y para su entorno social".