«No habrá acuerdo». Es la frase más repetida a uno y otro lado de la mesa de negociación para la reforma de la ley de extranjería que prevé fijar un reparto solidario pero obligatorio de menores migrantes (menas) por el conjunto de las comunidades. La reunión entre el Gobierno central y los autonómicos, convocada para este miércoles, llega condicionada por el tacticismo político de un debate, el migratorio, que ha escalado hasta los primeros puestos de las agendas de los partidos tras el auge de la ultraderecha en Europa. Con estos mimbres, el pacto con el PP no solo es casi imposible, sino que además aplaza ‘sine die’ el reparto de más niños y jóvenes que siguen a la espera de un destino. El último cupo de 400 de ellos sigue pendiente de adjudicar, e incluso la mayoría de los ya acordados en 2023 no han salido aún de Canarias, donde actualmente ‘sobran’ cerca de 3.000.

Hasta ahora, el reparto de menas desde territorios saturados hacia otros con plazas disponibles se ha venido articulando de forma fluida entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas. A través de conferencias sectoriales, las partes fijaron el cálculo de los cupos en función de variables como el PIB o la población de la comunidad de destino. Así se acordó el traslado de 370 migrantes el año pasado, 24 de ellos para Aragón.

Sin embargo, la llegada de Vox a cinco Ejecutivos autonómicos puso en jaque el sistema. El de Aragón fue uno de los primeros en formalizar el convenio para recibir a sus menas asignados, lo que levantó en armas al socio del PP en el Pignatelli. La formación de extrema derecha rechaza la entrada de «inmigración ilegal» en la Comunidad como una línea roja y forzó la revisión del pacto de investidura de Jorge Azcón. El arreón quedó en nada, porque la literalidad de aquel acuerdo habla de luchar contra las mafias, pero nada del traslado de niños y jóvenes sin destino.

Negociación multilateral

En cualquier caso, de aquel cupo llegaron 16, y la DGA no acierta a señalar una fecha para la acogida de los 8 restantes. El Gobierno central acusa al PP de incumplir el acuerdo –solo han recibido el 15% de los menas pactados y financiados en todo el país–, mientras que Aragón lo achaca a retrasos en los servicios de Canarias.

El bloqueo político es total. El PSOE plantea una reforma de la ley de extranjería pactada con Canarias –donde el PP gobierna en coalición– para repartir por el resto de España los menores alojados en comunidades que superen el 150% de sus plazas de acogida. Sería un mecanismo automático, en el plazo de 15 días desde la llegada del menor, y obligatorio. El problema de los socialistas es que no cuentan con apoyos. El PP, que inicialmente se abría a pactar en aras de la «solidaridad», ha endurecido su discurso bajo la sombra de una crisis migratoria que ha espoleado a la ultraderecha en todo el continente. En España, con Vox y fenómenos como el de Alvise.

Los socialistas insisten en que el respaldo del principal partido de la oposición es clave, y más ahora que gobierna en 12 territorios. Pero por si acaso, ni siquiera cuenta con sus socios de investidura. El PNV ya ha mostrado su disconformidad, y Junts plantea una enmienda para que Cataluña reciba las competencias migratorias y quedar excluida de la obligación de acogida.

En la Moncloa reconocían esta semana que el acuerdo con el PP «es prácticamente imposible», y la propia ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzaba que habrá que diseñar «soluciones alternativas». El problema es que mientras tanto la crisis migratoria se agrava, en especial en Canarias, donde ya duplican su capacidad de acogida.

De hecho, el pasado mes de junio las comunidades se levantaron de la mesa de la sectorial cuando se disponían a pactar el traslado de otro cupo de 400 menores. No trascendieron las cifras pero, de acuerdo a repartos pasados, Aragón debería haberse hecho cargo de otros 25 o 30 migrantes, algo que no sucederá en el corto plazo. Así, la Comunidad se mantendrá en los aproximadamente 140 menas que aloja a día de hoy.

Obligación legal

Previsiblemente, el bloqueo dará estabilidad a la DGA y al resto de gobiernos compartidos entre PP y Vox. El líder de extrema derecha, Santiago Abascal, verbalizaba el viernes lo que desde su formación se había dejado caer en días previos: «Pedimos a esos dirigentes del PP que sean leales al socio de coalición y que hagan todo lo que esté en su mano para evitar promover la inmigración ilegal. Si no lo hacen, entenderemos que esos pactos están rotos», advertía.

En el PP-Aragón la consigna es la de «solidaridad» y «legalidad». Este último término es clave, porque los conservadores no descartan que el PSOE logre el apoyo de sus socios con nuevas cesiones y apruebe así la reforma legal, lo que daría nuevos argumentos contra la «desigualad» de la Moncloa a la par que justificaría ante Vox la llegada de migrantes. Porque como dijo Azcón: «El PP va a defender que cualquier ley que tengan que aplicar las comunidades y haya sido aprobada en el Congreso se aplique, nos guste más o nos guste menos».

El Estado financia el coste de un año de cada menor y el PP exigirá más

Uno de los pocos aspectos de la reforma de la ley de extranjería que tiene margen de negociación entre el Gobierno central y el PP es la financiación que el Estado ofrece a las comunidades como compensación por acoger menores migrantes. Por eso las partes esconden sus cartas.

En la actualidad, la Administración central sufraga el primer año de estancia de cada menor (unos 55.000 euros), pero las comunidades del PP recuerdan que muchos de ellos permanecen en su sistema de acogida mucho más tiempo. Por eso reclaman una mejora de la financiación.

Desde la DGA no dan pistas de cuál será su exigencia concreta en la reunión del próximo miércoles en Tenerife, mientras que el Gobierno central podría hacer una oferta en este punto para ‘retratar’ a los conservadores y forzarles al acuerdo.