El Ministerio y el Gobierno de Aragón destinan 237.000 euros a 17 exhumaciones
El Consejo de Gobierno da su visto bueno al plan de concordia "por unanimidad" de los consejeros de PP y Vox.
El Gobierno PP-Vox se ha sumado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para avanzar en la exhumación de las 489 fosas de la Guerra Civil inventariadas en Aragón, así como la identificación de las víctimas. Con los 237.000 euros presupuestados este año por las dos administraciones se van a financiar 17 actuaciones repartidas entre las tres provincias.
La vicepresidenta económica y portavoz de la DGA, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, han dado cuenta este miércoles del destino de los 110.000 euros presupuestados para continuar con uno de los pilares de la memoria democrática. En concreto, Aragón financiará la actualización del mapa de fosas comunes y exhumaciones, continuará con los perfiles genéticos a familiares y víctimas, además de actuaciones puntuales en Belchite, La Iglesuela del Cid, San Blas, Singra, el valle del Alfambra y la Val de Jarque. Vaquero ha dejado clara la voluntad de colaborar con todas las asociaciones memorialistas.
El anuncio lo han hecho tras confirmar que el Consejo de Gobierno había dado su visto bueno al plan de concordia pactado entre los socios, cuyo texto sigue sin hacer una sola referencia a la dictadura franquista ni A las víctimas de la represión ejercida durante 40 años. De hecho, Tomasa Hernández ha admitido que solo se alude, de forma genérica, al reconocimiento a todos aquellos que hayan sufrido la violencia ejercida por "regímenes totalitarios o dictaduras".
En la rueda de prensa tampoco se han llegado a referir las consejeras a las palabras Guerra Civil ni dictadura de Franco, pero Tomasa Hernández ha incidido que "no hay que ser muy perspicaz" para saber a qué periodo corresponden las fosas comunes.
Vaquero ha insistido en que el plan de concordia que sustituye a la Ley de Memoria Democrática persigue facilitar el acceso a todo lo relacionado con "actos violentos por motivos ideológicos", además de fomentar el conocimiento de la realidad "acerca de los episodios y hechos terroristas ocurridos en España" y generar un espacio capaz de aglutinar todas las realidades. Y todo ello, ha recalcado hasta en dos ocasiones "sin pretender imposiciones o borrados ideológicos de aspecto alguno".
El denominado Plan Estratégico para la Preservación de la Concordia dedica más espacio a la introducción y a los antecedentes que a referirse al compendio de sus 27 objetivos estratégicos, estructurados en sendos ejes: derechos constitucionales y valores democráticos, dignidad de las víctimas de violencia y comprensión del pasado para la mejora del respeto y la convivencia entre libres e iguales.
En dicho documento la palabra más repetida es la Constitución, que aparece en 27 ocasiones, y de nuevo se han referido a ellas las consejeras. Vaquero ha destacado que la Carta Magna es el referente de "democracia plena y consenso en España" y Hernández ha reiterado que el objetivo es llegar a su 50 aniversario, que se cumplirá dentro de cuatro años, con los objetivos del plan cumplidos.
Entre los siete dedicados a las víctimas de violencia figura la palabra dictadura en plural para referirse a la pretensión de "impulsar el reconocimiento" a todos aquellos que hayan sufrido la violencia ejercida por "regímenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas o individuos sometidos a ideología extrema (’lobos solitarios’) por motivos políticos, ideológicos o religiosos".
En este apartado, se plantea la participación, exhumación y documentación de todas las víctimas de violencia que se encuentren en fosas, "independientemente de su ideología o circunstancias personales". También establece la "colaboración" en la actualización de la base de datos de ADN de víctimas, sin mencionar que es de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y lo mismo ocurre cuando plantea "impulsar medidas" para la localización y registro de fosas en Aragón.
A todo ello se dedicará la primera partida presupuestaria de PP-Vox, aunque para finales de año deberá tramitar un "programa de acción" para 2025, en el que se detallarán las propuestas de actuación, "ligadas a uno o varios objetivos estratégicos".
