La comisión de investigación de las renovables en Aragón echa el cierre sin apuntar irregularidades
El dictamente estima por mayoría que no hubo fraccionamientos de proyectos para saltarse la legislación ambiental ni consultoras que incurriesen en incompatibilidades.
La comisión de investigación impulsada por PP y Vox para fiscalizar la tramitación de las decenas de parque eólicos y solares fotovoltaicos ha acabado sin apuntar a las supuestas irregularidades denunciadas. El dictamen que se votará en el segundo pleno convocado para este viernes estima por mayoría que no hubo fraccionamientos de proyecto para saltarse la legislación ambiental con "evaluaciones más benévolas" ni consultoras que incurriesen en incompatibilidades al realizar los estudios de impacto.
Ambas cuestiones centralizaron las críticas al Gobierno de Lambán en la precampaña de las elecciones autonómica de hace un año, hasta el punto de que el líder del PP y actual presidente aragonés, Jorge Azcón, dijo entonces que había un "agujero negro" en las autorizaciones ambientales y más tarde se planteó desde PP-Vox la necesidad de "depurar responsabilidades políticas".
Las conclusiones quedan muy lejos de estas pretensiones a tenor del dictamen que ha salido adelante por mayoría en la comisión de investigación tras meses de comparecencias y trabajo técnico. Una de ellas, del propio PP, exonera a los órganos de dirección del Inaga al señalar que en el reparto de proyectos para su análisis entre consultoras "se trató de externalizar a Sarga y a las consultoras carentes de conexión alguna con los promotores el estudio de los casos concretos que pudieran ser conflictivos". Eso sí, en otra conclusión aprobada, también del PP, se apostilla que se "flexibilizaron los requisitos para que las consultoras externas se declararan compatibles de cada uno de los proyectos que se les encomendaban".
Otra de las cuestiones clave es la del fraccionamiento, que ha provocado la judicialización de varios de los permisos concedidos. Sin embargo, el posicionamiento mayoritario en la comisión de las renovables, a propuesta del PSOE y tras escuchar toda una batería de comparecientes, es contundente para negar una intencionalidad. "No se han detectado diseños de parques que pretendan eludir el sometimiento a la evaluación ambiental ordinaria y quedar en el ámbito de evaluaciones más benévolas como es el caso de las simplificadas", señala la conclusión.
Evaluación global
Por si hubiera dudas, se remata indicando que las prescripciones impuestas a los promotores para que presenten estudios de los efectos acumulativos y sinérgicos han permitido que el impacto de los proyectos sobre un mismo territorio o hábitat hayan sido evaluados en su globalidad.
En todo caso, solo se ha alcanzado unanimidad sobre 18 de las 157 conclusiones en las que han trabajado durante tres sesiones consecutivas los parlamentarios. Y este bloque pactado se limita a meras recomendaciones, como las que inciden en la necesidad de impulsar una planificación energética y territorial, en coordinación con el Gobierno de España, o proponer un plan ligado al aprovechamiento de la energía en el territorio donde se ubican para atraer industrias y, con ello, generar empleo.
Las 18 conclusiones unánimes, únicamente registradas por PP, PSOE, CHA y Podemos, también inciden en la necesidad de garantizar que las empresas cumplen con las medidas medioambientales correctoras adecuadas. Del mismo modo, se recomienda el refuerzo de los medios personales y materiales, si fuera preciso, del personal técnico del Gobierno de Aragón para la tramitación de los expedientes o para la realización de las evaluaciones de impacto ambiental.
El PP, con el acuerdo del resto, ha incluido una conclusión de última hora para rechazar la instalación de placas solares en los embalses, aunque no tenga nada que ver con la gestión de las renovables y las Cortes ya aprobaran una iniciativa en la pasada legislatura contra este uso impulsado por el Gobierno central.
