Las Cortes de Aragón muestran su compromiso con los afectados por covid persistente

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha dado lectura este jueves por la mañana, al comienzo de la sesión plenaria, a una declaración institucional sobre covid persistente, firmada por todas las formaciones políticas.

El objetivo ha sido "sensibilizar sobre los pacientes que sufren covid persistente" e instar a las instituciones públicas a "adoptar medidas que puedan contribuir a diagnosticar la enfermedad, mejorar la formación de los profesionales sanitarios y la investigación, facilitar la rehabilitación física y cognitiva de los enfermos y su reinserción laboral".

En este sentido, Fernández ha explicado que la Asociación Long Covid Aragón, promotora de la declaración, "señala que en los cuatro años transcurridos tras la enfermedad sigue sin existir cura ni tratamiento" y "apunta la existencia de más de dos millones de personas que sufren esta enfermedad en España".

Asimismo, Fernández ha recordado que "la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg) ha detectado el padecimiento de hasta doscientos síntomas en las personas afectadas, entre los que se encuentran la fatiga, los problemas respiratorios, cardiovasculares, digestivos, musculares, así como neurológicos y neurocognitivos". Y, en última instancia, ha manifestado la necesidad de "acelerar la formación de los profesionales de la Salud y del INSS para conseguir mejores diagnósticos y la adecuada atención sanitaria a los pacientes", así como el "impulso de la dotación económica en investigación para la covid persistente".

Long Covid Aragón se puso en marcha en diciembre de 2020 y se constituyó en asociación en octubre de 2021. Cuenta con unos 670 miembros. Entre sus demandas están un registro de los pacientes para que estén "correctamente diagnosticados", así como "unidades multidisciplinares de atención a los pacientes con covid persistente".

Reclaman incrementar el esfuerzo en investigación y apoyarla con financiación, ya que se trata de una enfermedad nueva sin cura ni tratamientos, formación a los profesionales de la salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y reconocimiento oficial de la enfermedad a efectos de bajas, discapacidad o incapacidad.