Aragón
Suscríbete

Más de 2.000 autónomos aragoneses se ven obligados a devolver las ayudas covid

La revisión de las prestaciones por cese de actividad lleva a embargos medios de 2.000 euros por persona. Los afectados critican que el proceso se haga tan tarde

Gente con mascarilla en las calles de Zaragoza durante uno de los brotes de covid.
Gente con mascarilla en las calles de Zaragoza durante uno de los brotes de covid.
Toni Galán

Cuando empezaba a ser un mal recuerdo felizmente superado, la pandemia ha vuelto a golpear a miles de autónomos de todo el país. En concreto, a su bolsillo. El Tribunal de Cuentas advirtió el pasado mes de diciembre de que 281.358 trabajadores por cuenta propia recibieron indebidamente en toda España ayudas para hacer frente al cese de actividad obligado por la crisis sanitaria, e instaba a revisar su tramitación. Como consecuencia, se calcula que más de 2.000 aragoneses han recibido una notificación de embargo por importes que rondan los 2.000 euros de media. Desde las asociaciones ofrecen su asesoramiento a los afectados y denuncian que el proceso se esté llevando a cabo tanto tiempo después.

"Es una barbaridad que cuatro años más tarde se estén reclamando este tipo de ayudas a nuestro colectivo. La demora en las revisiones está generando muchos problemas", advierte Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón. Y añade: "Hay que tener en cuenta que muchos autónomos se han jubilado en este periodo o ya no continúan con su actividad, o que hay trabajadores que no pueden justificar esa caída. ¿Cómo justifica, por ejemplo, la caída de ingresos un taxista que tributaba por módulos y no por estimación directa?"

Si los ERTES fueron el mecanismo de protección diseñado por el Estado para los trabajadores por cuenta ajena, el de los autónomos fueron las prestaciones por cese de actividad. Los afectados por el cierre de sus negocios, obligados por las restricciones sanitarias, accedieron así a unos ingresos inmediatos a cambio de una declaración responsable.

"Fue una medida realmente positiva, salvó a muchas personas", recuerda Álvaro Bajén, presidente de UPTA Aragón. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advirtió hace seis meses del posible incumplimiento de un buen número de prestaciones. El agujero se llegó a cifrar en 550 millones de euros. En concreto, el organismo de control señaló que 5.433 personas cobraron las ayudas sin estar dados de alta como autónomos; 6.917 cuando ya estaban cobrando otra prestación incompatible; 35.764 se beneficiaron pese a no estar al corriente del pago de la cuota con la Seguridad Social; y 156.066 personas percibieron el ingreso aunque su actividad no formaba parte de las afectadas por el confinamiento.

No todos ellos deberán devolver el dinero, pero aunque las cifras bailan, sí que serán miles los afectados en España por los requerimientos. En Aragón se solicitaron 22.170 prestaciones por cese de actividad por fuerza mayor, de las que se aceptaron 15.817, y 5.557 (la mayoría, 5.290 autorizadas) por merma de ingresos. Según fuentes del sector, unos 2.000 recibirán a lo largo del año un aviso de embargo.

Asesoramiento y recursos

De hecho, en las dos grandes asociaciones de autónomos de la Comunidad no dejan de atender casos. Ofrecen su asesoramiento legal para pagar o recurrir la reclamación económica. "Muchos de ellos con todo el derecho a cobrar esa ayuda y que no han tenido que devolverla. Otros aún están en la pelea. Seguimos esperando conocer la cifra exacta de las reclamaciones que se han realizado pero lo que es seguro es que cuatro años después no hay derecho a vivir en esta incertidumbre", critica el presidente de ATA Aragón.

"Desde UPTA tenemos claro que aquellas solicitudes que han sido requeridas para subsanación y cumplen con los requisitos se tienen que resolver favorablemente, pero nunca defenderemos las resoluciones denegatorias que, desde su origen, no cumplían con la legislación correspondiente", advertían hace unos días en un comunicado desde la otra gran asociación de autónomos del país.

Su presidente en Aragón, Álvaro Bajén, advierte incluso de la posibilidad de que los requerimientos de embargo hayan podido prescribir tras haber pasado ya más de cuatro años. En cualquier caso, recomienda a los afectados que se informen en las asociaciones para actuar.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión