El fiscal pide 6 meses de prisión por acoso laboral para el presidente de la comarca de Cariñena

El presidente de la Comarca de Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón (PSOE), Lucio Cucalón, ha sido juzgado este viernes en Zaragoza como presunto autor de delitos de coacciones en el ámbito laboral, trato degradante e injurias graves denunciados por Néstor P. P., en el momento de los hechos secretario de la Comarca (y ahora interventor), y Mónica I. F., entonces interventora de la mencionada administración pública. Junto a él se ha sentado en el banquillo de los acusados Pilar I. S., administrativa de la entidad comarcal, acusada de coacciones, injurias graves, calumnias y trato degradante.

Las penas que solicita para ambos la acusación particular, ejercida por el abogado Francisco García Berenguer, son graves, pues se enfrentan a cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación por trato degradante; otros dos por coacciones en el ámbito laboral y una multa de 7 meses (3.150 euros) por injurias graves. Para Pilar S. piden, además, otra multa de 3.600 euros por calumnias.

Al principio de la vista oral la Fiscalía no acusaba y pedía el sobreseimiento de la causa, pero tras la declaración de los acusados y de los testigos modificó su postura y acabó solicitando seis meses de cárcel para Lucio Cucalón por acoso, además de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes en concepto de daño moral. A la administrativa la acusó de injurias y le pide cuatro meses de multa.

No obstante, los dos acusados negaron los hechos y su letrado, Luis Nivela, mantuvo que no hay ninguna prueba de las imputaciones y los testigos lo han demostrado. Además, planteó que no puede cometerse un acoso laboral en tanto en cuanto no hay una superioridad jerárquica del vicepresidente sobre la interventora y el secretario. En cuanto a Pilar I., planteó que en ese momento tenía mermadas sus capacidades volitivas porque pasaba por una situación de ansiedad laboral, producto de una denuncia que había presentado contra ella el expresidente de la entidad José Luis Ansón. 

La denuncia surge de un conflicto que se generó en 2020 a partir de que Lucio Cucalón, en esa fecha vicepresidente de la Comarca, solicitara a Néstor P. P. que emitiera “informes de situación” de la anterior corporación con el objetivo de “detectar supuestas irregularidades” y, según el funcionario, “utilizarlos para sus propios y particulares fines políticos”. El empleado público se negó alegando que el encargo no era compatible con su trabajo de secretario, negativa de la que informó a la presidencia de la corporación, ejercida en ese momento por José Luis Ansón quien, a su vez, trasladó la información a todos los consejeros comarcales.

La situación se enrareció desde ese momento y en junio de 2020, estando vigente el estado de alarma por la pandemia, Néstor P. P y Mónica I. F., pareja entre sí y con tres hijos menores a su cargo, solicitaron y obtuvieron del presidente autorización para teletrabajar mientras durase la crisis sanitaria. Los denunciantes mantienen que, pese a que Cucalón conocía las dos resoluciones que les permitían trabajar desde casa, empezó a “ejercer presiones” en forma de “múltiples llamadas telefónicas diarias” para que acudieran a la sede comarcal, exigencia que solo se la planteó a ellos, ya que no sucedió con ningún trabajador declarado “no esencial” más.

Los afectados relataron en su denuncia que el “hostigamiento” fue en aumento y el vicepresidente pasó a cuestionar el trabajo de Mónica I. y a acusarla de dejadez en el ejercicio de sus funciones como interventora y de no tramitar correctamente las facturas. Contó también que cuando estuvo de baja laboral por covid, Cucalón le siguió llamando para exigirle el pago de las facturas. En una conversación de mayo de 2020, la interventora le comunicó que iba a denunciarle por estos hechos a lo que, según la funcionaria, el acusado le dijo que “le daba igual” y que tenían todo “hecho una mierda”, refiriéndose a la gestión de la Comarca.

Tal y como consta en el escrito de acusación, en algunas comisiones les increpó con frases como: “Yo vuestras leyes me las paso por el arco del triunfo” o “a mí me importa tres cojones lo que penséis vosotros, aquí el que manda soy yo y lo que tenéis que hacer es abandonar vuestro puesto de trabajo”.

Respecto a la administrativa, Pilar I. S., consta una conversación grababa por Mónica I. del 13 de septiembre en 2020 en la que, delante de otros trabajadores, se dirige a los denunciantes en estos términos: “Lo único que os interesa es cobrar sin trabajar, sois unos ladrones robando a todos los trabajadores a punta de pistola (...), eres una mierda de compañero y un mal trabajador, habéis hecho una mierda de gestión y me voy a encargar de decírselo a todo el mundo, gilipollas, la factura es una falsedad...”

Las conductas de los acusados generaron una queja del Colegio Provincial de Zaragoza del Consejo General de Secretarios, Interventores y Depositarios a la propia Comarca del Campo de Cariñena. En ella se hacía eco de la denuncia de la pareja en el juzgado, calificaba de intolerables las presiones y exigía que se garantizara el libre ejercicio del cargo a los funcionarios.

La acusación particular solicitó una indemnización de 50.000 euros para los denunciantes por daño moral, aunque la defensa se opuso argumentando que no se ha demostrado tal resultado lesivo. El juicio está visto para sentencia.