Los trabajadores de los centros de menores de Aragón protestan en la calle: “Lo siguiente serán paros y huelga”

Los trabajadores de los centros de menores, dependientes del Gobierno de Aragón pero gestionados por entidades del tercer sector desde 2003 cuando se externalizó este servicio, se han concentrado este jueves antes la sede de la DGA en Zaragoza para exigir a las empresas que se constituyan como patronal y se sienten a negociar el convenio autonómico por el que llevan luchando desde 2019. También demandan al Ejecutivo autonómico, y en concreto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que se comprometa a incrementar la dotación económica y adaptar las licitaciones, convenios o conciertos al nuevo marco laboral para que se traduzca en mejores salarios y condiciones.

Medio centenar de profesionales han protestado ante el Pignatelli, haciendo coincidir la movilización con la celebración en el interior de la I Jornada de ética de servicios sociales de Aragón en la que participan cerca de 200 inscritos. Puertas adentro, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que ha asistido a la inauguración de este foro, ha defendido, como ya hiciera en las Cortes de Aragón, que el Ejecutivo autonómico “no puede interferir en cuestiones que son propiamente de las empresas y los representantes sindicales”.

La próxima cita clave es el 14 de junio, día en el que han vuelto a convocar a las empresas, entre las que se encuentran Federico Ozanam, Faim, Kairós, Ateca, Río Gríos, YMCA y Aldeas Infantiles. El primer paso necesario es que las entidades que aglutinan al menos un 51% de los alrededor de 600 trabajadores de distintos perfiles (educadores, psicólogos, personal de limpieza y cocina…) se constituyan como patronal.

De momento no hay ningún avance positivo firmado, algunas entidades han mostrado su disposición a negociar, otras lo están valorando y también las hay que se niegan, por lo que el foco está puesto en este encuentro de dentro de dos semanas. “No hay manera, las empresas dicen que es el IASS el que tiene que comprometerse y desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales arguyen que al ser centros externalizados es un conflicto patronal, y llevamos así años”, ha lamentado una de las portavoces de la plataforma y representante de CGT, María José Usán. Asegura que están “al límite” y que aunque priorizan “el diálogo, lo siguiente serán paros y huelga”. Unas medidas de presión que no repercutirán negativamente en la atención a los chicos con los que trabajan, un colectivo especialmente vulnerable, ya que está considerado un servicio esencial.

"Los gerentes de verdad se sientan a negociar"

“Más negociar y menos especular”, “Los gerentes de verdad se sientan a negociar” y “No hay convenio de protección, trabajadores expuestos a altos riesgos de problemas en salud mental” son algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que llevaban las personas que se han concentrado. “No os importa el oficio, porque solo pensáis en vuestro beneficio” ha sido otra de las consignas escritas.

La secretaria de UGT de servicios sociales, Angélica Mazo, ha denunciado que desde que estos servicios se externalizaron en 2003 “ha habido una pérdida de poder adquisitivo dramática de un 50%”. Como ejemplo ha citado que el salario bruto de un educador social es de 1.321,63 euros, frente a los 2.000 y 2.500 euros que llegan a percibir en otras comunidades que cuentan con un convenio propio. Entre la plantilla hay sueldos que están incluso “por debajo del salario mínimo interprofesional”.

Mazo ha recordado que otras reivindicaciones pasan por la reducción de las horas de trabajo, que ahora son 1.722 al año, con una jornada semanal de 40 horas, mientras en Valencia se sitúa en 1.462 horas y en el País Vasco ronda entre las 1.500 y 1.600. Para dar visibilidad a sus reivindicaciones y “concienciar” a la sociedad aragonesa sobre su papel en la protección de menores volverán a salir a la calle el próximo 6 de junio y se concentrarán en la plaza de España de Zaragoza.