El Consejo de Ministros aprueba el recurso contra Aragón por la derogación de la ley de memoria
El Gobierno culmina su ofensiva contra la modificación normativa por “incumplir su obligación a colaborar con el Estado”, tras los reparos de la ONU, y ante la negativa de la DGA a negociar.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. El Gobierno central culmina así su ofensiva contra una modificación normativa que fue duramente criticada por la ONU, al entender que “invisibiliza” a las víctimas del franquismo, y después de que la DGA rechazara sentarse a negociar una solución pactada.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la derogación de la ley aragonesa “incumple la obligación de colaboración con el Estado en muchos aspectos”, entre los que ha citado la retirada de las placas informativas de los campos de concentración, o la señalización de los lugares de memoria. También por suprimir el “reconocimiento a las víctimas y la vulneración de sus derechos durante la dictadura” o al eliminar los mapas de fosas y “dificultar” la labor de las asociaciones memorialistas.
Así lo entiende el dictamen emitido por el Consejo de Estado, con nueve votos a favor y uno particular en contra, que estima que "procede la impugnación de la ley en su conjunto por vulneración del principio-deber de colaboración con el Estado, en orden a la plena efectividad de la ley estatal 20/2022 y a la garantía de su eficacia".
EFESegún ha detallado el Ministerio, el recurso de inconstitucionalidad se presenta "por vulneración competencial y del principio de colaboración, y además por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución, al considerar que los desarrollos relativos al estatuto jurídico de las víctimas contenidos en las normas internacionales proporcionan pautas de interpretación relevantes para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de la Ley 1/2024".
Además, el recurso "se interpone con suspensión, de modo que, una vez admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, se suspendería la eficacia de la Ley impugnada en su conjunto", apuntan desde la Moncloa.
El Ejecutivo central convocó a la DGA a una comisión bilateral, herramienta prevista para este tipo de discrepancias, pero tanto el presidente autonómico, Jorge Azcón, como el vicepresidente, Alejandro Nolasco, rechazaron la invitación por “electoralista”. En este sentido, el Gobierno aragonés argumenta que la modificación normativa fue “intachable” y apela a un dictamen del Consejo Consultivo que avala la decisión al entender, entre otros argumentos, que la ley estatal de memoria ya satisface los derechos de los afectados.
Esta postura no es compartida por la Moncloa ni por el Consejo de Estado, que ha avalado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional porque, según ha reiterado el ministro Torres, Aragón estaría “incumpliendo la obligación de colaboración con el Estado”.
El ministro además ha lamentado la negativa de la DGA a negociar, algo “inusual”. “No solo dicen que no al Gobierno de España, se lo dicen a la ONU, al derecho internacional y a la preservación de los derechos humanos”, ha advertido.
Torres ha cargado contra el PP por una política memorialista que considera una cesión a las exigencias de Vox. “Si como dice Feijóo y sus presidentes autonómicos el PP condena la dictadura franquista, ¿por qué retiran esa condena de las leyes de concordia? ¿Por qué invisibilizan a las victimas del bando democrático?”, ha expresado.
A su juicio, el Gobierno central lleva a cabo este recurso “por defender la memoria, la no repetición, la verdad, para que nadie reescriba la historia”. Y advierte: “Acudiremos a donde sea preciso para defender los derechos humanos y el derecho internacional”.
