Hacer del mundo un lugar más comprensible puede convertirse en una profesión con mucho futuro
Desde hace dos años, la legislación española sobre accesibilidad universal incorpora la dimensión cognitiva, un derecho de nueva creación cuyo avance y consolidación podría ser un importante nicho de empleo.
Cuatro décadas tuvieron que pasar entre la aprobación de la primera legislación que regulaba la accesibilidad en España, en 1982, que se centraba sobre todo en la eliminación de barreras arquitectónicas, hasta 2022, fecha en la que se incluyó la dimensión cognitiva en la última modificación de la normativa.
Según recoge el texto, "lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos" hacen posible la accesibilidad cognitiva, que beneficia, sobre todo, a personas con dificultades de comprensión, como aquellas con discapacidad intelectual, y que hacen el mundo más fácil de entender.
El avance de los derechos de las personas con discapacidad dinamiza el mercado laboral, pues requiere de nuevos empleos. Ocurrió con la entrada en vigor de la ley de dependencia, hace casi dos décadas, que hoy da trabajo en Aragón a 14.000 personas, entre residencias de mayores, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, según datos de UGT.
Un fenómeno similar podría producirse con la consolidación del derecho a la accesibilidad cognitiva. Un posible nicho de empleo en el que tener discapacidad intelectual y del desarrollo no es un obstáculo, sino una ventaja. Además, estos empleos no permiten la deslocalización, pues los servicios han de prestarse de forma presencial en el territorio donde se genera la demanda, algo de suma importancia para fijar población en el medio rural.
Un fenómeno similar podría producirse con la consolidación del derecho a la accesibilidad cognitiva. Un posible nicho de empleo en el que tener discapacidad intelectual y del desarrollo no es un obstáculo, sino una ventaja
"Tener dificultades de comprensión es imprescindible para el perfil profesional de las personas validadoras de accesibilidad cognitiva, porque son las que dan legitimidad al proceso de adaptación", explica Elisa Barrera, coordinadora del servicio Creando Espacios Accesibles de Plena inclusión Aragón. Dicho perfil «requiere de unas características y una capacitación en las que nuestra Red de Accesibilidad lleva años trabajando. En Aragón contamos con más de medio centenar de personas validadoras formadas, que podrían asumir el reto de profesionalizar este rol», agrega. Esta red está formada por los equipos de Adispaz, Amibil, Atadi, Kairós y Valentia, además del de Plena inclusión Aragón.
Mejora de la empleabilidad
Precisamente, para avanzar en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de la accesibilidad cognitiva, la asociación tiene suscrito un acuerdo de patrocinio con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). La colaboración se centra en la capacitación mediante el desarrollo de un itinerario formativo en accesibilidad cognitiva que certifique el trabajo de los validadores que intervienen en la mecánica de adaptación a lectura fácil que describe la norma española experimental UNE 153101 EX.
"Para que pase a ser real, las administraciones públicas deberían tirar del carro y dar ejemplo, y con ello conseguirían arrastrar también al sector privado"
Paola Picazo es una trabajadora del ITA con síndrome de Down y también es voluntaria como validadora de lectura fácil de Creando Espacios Accesibles. Picazo cree que convertir la figura del validador en una categoría profesional sería "una buena oportunidad para crear empleo para las personas con discapacidad intelectual". Y, a la vez, supondría "un gran servicio para la sociedad", pues contribuiría a normalizar y expandir la accesibilidad cognitiva.
Su potencial como nicho de empleo es enorme. "Pero la realidad es que, de momento, se queda en eso, en el potencial", lamenta Verónica Abadía, técnica de empleo de Plena inclusión Aragón. "Para que pase a ser real, las administraciones públicas deberían tirar del carro y dar ejemplo, y con ello conseguirían arrastrar también al sector privado", indica.
Abadía sostiene que "si las instituciones públicas quieren cumplir la ley de accesibilidad universal, deberían empezar a contar con ellas como validadoras de accesibilidad cognitiva, contratando sus servicios. Porque, hasta ahora, las pocas que lo hacen, casi siempre plantean esta colaboración desde el voluntariado". Además, señala que "su contratación no supondría tanto gasto para las arcas públicas, porque se compensaría. Las personas que accedieran a estos empleos dejarían de ser perceptoras de subsidios por sus dificultades de acceso al mercado laboral y pasarían a convertirse en cotizantes y contribuyentes".