Los gerentes sociales denuncian que el IMV solo llega al 13,6% de los aragoneses que viven bajo el umbral de la pobreza
La nómina entera de la renta mínima llega a 25.072 residentes en la Comunidad, que es la sexta región con mayor cobertura sobre la población más vulnerable, según un estudio de este colectivo.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de que, cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación solo llega en Aragón al 13,60% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Además, ha reprochado al Gobierno central que no haya establecido ninguna “coordinación” con los servicios sociales de base para facilitar el acceso a esta renta mínima a colectivos que tienen dificultades para solicitarla, como personas sin hogar o en otras situaciones muy vulnerables.
En abril el IMV lo han recibido en la Comunidad 45.009 personas. Esta cifra engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada. Una ayuda a la infancia que este 2024 oscila entre los 115 euros al mes por menores de 3 años y los 57,50 por los mayores de 6 y menores de 18 años.
Así, según el informe del colectivo de gerentes de servicios sociales, la realidad es que la nómina completa del ingreso mínimo llega solo a 25.072 personas (9.633 hogares), que representan el 13,6% de los 184.358 habitantes de la región que viven bajo el umbral de la pobreza, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. Los restantes 19.937 ciudadanos pertenecen a familias que solo cobran la contribución económica por hijo.
De los 45.009 habitantes de la Comunidad que perciban el IMV, 31.994 residen en la provincia de Zaragoza, 7.349 en la de Huesca y 5.666 en la de Teruel, según los datos correspondientes a abril publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. De ellos, 25.238 son adultos y 19.771 menores. Hay más mujeres que hombres, 23.998 frente a 21.003. La cuantía media mensual por hogar asciende a 506,16 euros y el importe bruto de las nóminas se eleva a 8.300.420,54 euros.
El presidente de las directoras y agentes de servicios sociales, el aragonés José Manuel Ramírez, explica que este año han podido hacer un análisis más cercano a la realidad porque desde el Ministerio de Inclusión están facilitan por primera vez datos mensuales de las nóminas que se pagan y no solo las cifras acumuladas como se venía haciendo hasta ahora.
La sexta región con mejor cobertura
Pese a todo, Aragón es con el 13,6% la sexta comunidad con mejor cobertura sobre los colectivos más vulnerables, aunque supera en más de un punto la media nacional del 12,2%. A nivel territorial, la asociación insiste en las “grandes diferencias” en esta implantación del IMV. Llega a más del 20% de la población en riesgo de exclusión en el País Vasco (24,6%) y más próximas a la media española se encuentran Navarra (17,7%), Asturias (16,55), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunidad Valenciana (11,01%) y Galicia (10,9%). Pero no llegan al 10% en Castilla-La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
Exigen "más coordinación" con los servicios sociales
Antes estos datos, Ramírez reclama que se incorpore la gestión de la renta mínima a los servicios sociales que son "una red capilar que llega a toda la ciudadanía, independientemente del municipio en el que se reside y de su situación personal y social". Critica que el Ministerio no ha establecido "ninguna coordinación" que hubiera ayudado a su implantación, "mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias".
Lamenta que para acceder al IMV se ha diseñado un "laberinto burocrático" que hace que miles de personas en situación de vulnerabilidad no consigan llegar ni a solicitarlo. "Se estima que en toda España hay 100.000 personas, como sintecho, familias que viven en chabolas sin acceso a internet, enfermos mentales... que están totalmente excluidas de esta prestación", asegura.
Para el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes Sociales la solución no pasa porque sean las oficinas de empleo autonómicas las atiendan también las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, tal como planteó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el pasado abril. A su parecer, el IMV tendría que ser transferido a las comunidades con una fórmula de gestión similar a la de las pensiones no contributivas.
