El Gobierno de Aragón rechaza oficialmente la bilateral con el Estado por la ley de memoria
La DGA defiende por carta la "constitucionalidad" del acuerdo impulsado por PP y Vox por lo que no ve opciones de acuerdo. El PSOE diceque el Ejecutivo está "en una posición radical"
El Gobierno de Aragón ha rechazado de forma oficial su participación en la comisión bilateral convocada por el Ejecutivo central para resolver las discrepancias en torno a la derogación de la ley de Memoria Democrática. En una carta remitida este jueves, fecha límite fijada por la Moncloa, la DGA defiende que el polémico acuerdo impulsado por PP y Vox y ratificado en las Cortes es "constitucional", por lo que no hay opciones de acuerdo.
Con esta decisión, que el Gobierno aragonés ya anticipó hace días, se supera un nuevo hito el conflicto abierto entre el Estado y Aragón por la derogación de la norma. El Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado la reunión bilateral como paso previo para evitar un recurso de inconstitucionalidad, mientras que para el Ejecutivo de Jorge Azcón se trataba de una maniobra de carácter "electoral" en la que no estaban dispuestos a participar. "El Gobierno de Aragón no está para que intenten tomarnos el pelo desde el Gobierno de España", llegó a decir Azcón.
"A la vista de su comunicación, le pongo de manifiesto que el Gobierno de esta comunidad autónoma se ratifica en la plena constitucionalidad de la referida derogación legislativa aprobada por las Cortes de Aragón", señala el Ejecutivo en la carta, firmada por el secretario general de la Presidencia, Juan Pérez Mas.
"En consecuencia -prosigue-, se considera que el cauce de cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no permitiría una solución de la presente discrepancia competencial que resultase satisfactoria para ambas partes".
De esta forma, el Gobierno central dará forma a un recurso ante el citado Tribunal Constitucional, que primero deberá contar con el aval del Consejo de Estado y posteriormente ser ratificado en el Consejo de Ministros. La fecha límite para culminar el proceso será el próximo día 29.
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Después de conocerse la iniciativa del Gobierno autonómico, su vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, ha justificado la decisión adoptada. A su juicio, la convocatoria de la bilateral, "más que responder a un interés de los aragoneses y a una motivación que realmente sirva para llegar a un acuerdo está dentro de la política de confrontación del Gobierno de España".
"Hay una ley que se ha delegado con todas las garantías en el Parlamento aragonés y por lo tanto no se han encontrado razones para acceder a una urgencia que creemos que es personal y electoral del Gobierno de España", ha insistido Vaquero.
Críticas del PSOE
El PSOE en las Cortes de Aragón ha expresado su indignación por la actitud de PP-Vox. Su portavoz, Mayte Pérez, ha manifestado su "estupor" ante un Ejecutivo "declarado en rebeldía ante el Gobierno de España". En este sentido, ha lamentado que el Gobierno se niege a asistir a un encuentro que "precisamente" está pensado "para abordar las discrepancias manifestadas en este caso ante la derogación de la ley de memoria democrática".
"El señor Azcón tiene un problema con el franquismo», afirmó Pérez.En su opinión, además de "normalizarlo con la presencia de dos directores generales" acusados por la oposición de hacer apología de la dictadura, el Ejecutivo ha derogado la ley de memoria "por la puerta de atrás, impidiéndo la participación de la sociedad en el debate".
Ha criticado que PP y Vox «nieguen la interlocución con el Estado. "Se ha instalado a Aragón en una posición radical. La crispación y el sectarismo protagonizan toda su acción política", ha afirmado la diputada socialista, que dijo que "Aragón no merece esto".