aragón
Los cirujanos privados de Zaragoza plantan cara a las aseguradoras y reclaman que se actualicen sus tarifas
Una asociación agrupa a 35 profesionales de Cirugía General y Digestivo para negociar con las compañías. No descartan abandonar cuadros médicos si no logran avances.
Cirujanos privados de Zaragoza han plantado cara a las aseguradoras para reclamar que se actualicen las tarifas, "congeladas" en algunos casos, dicen, desde hace años. Y lo hacen unidos bajo una asociación, que constituyeron el año pasado, para tener más fuerza para negociar con las grandes compañías que venden pólizas de salud.
Por esta razón, en mayo de 2023 se creó la Asociación de Cirujanos con Actividad Privada de Zaragoza, que agrupa a especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo de la capital aragonesa, con la intención, resumen desde la junta directiva, de "consensuar con las compañías aseguradoras algunos aspectos que deben regir la relación con los pacientes y aspectos remunerativos que imprescindiblemente deben ponerse al día". Recuerdan que, de forma general, "no ha habido incrementos sensibles" en años.
El objetivo, ponen de manifiesto desde la asociación, es "defender, ante todo, la calidad asistencial de los pacientes, que en el momento actual es imposible ante la baja remuneración que se percibe y el incremento progresivo del número de pólizas de las compañías de seguros".
Desde el último trimestre del año pasado, esta asociación está negociando con la compañía aseguradora Caser, "sin llegar de momento a un acuerdo que garantice unos honorarios dignos que mantengan la calidad del servicio al paciente", y se ha iniciado también el contacto con la compañía Sanitas. Progresivamente el proceso se extenderá a todas las aseguradoras. Desde la junta directiva adelantan que "si no existiese voluntad de negociación y acuerdo por parte de las compañías se procederá al abandono por parte de los cirujanos de Zaragoza de los cuadros médicos de dichas aseguradoras, con el consiguiente perjuicio para los pacientes". En concreto, con la compañía Caser se ha establecido el 1 de febrero como fecha límite para culminar el proceso de negociación. Pasado este plazo "los pacientes de esta compañía no contarán con el servicio de los cirujanos de esta ciudad a través de esa compañía aseguradora", resumen. Fuentes de Caser declinaron ayer hacer comentarios sobre este asunto.
Como ejemplo, la Asociación de Cirujanos con Actividad Privada de Zaragoza pone datos para explicar la situación actual: a día de hoy, dicen, un cirujano general que atiende en consulta una primera visita de un paciente percibe 18 euros, y 12 euros brutos por las sucesivas consultas, "que tras aplicar el IRPF resulta una cifra muy inferior". Las intervenciones quirúrgicas, incluyendo desplazamientos al hospital, gastos de instrumentista y cirujano ayudante, se remuneran en la actualidad de la siguiente manera, por concretar algunas de las intervenciones que tienen detalladas: hernia inguinal y hemorroides a 117 euros brutos; y otras cirugías más complejas, como un cáncer de mama o un carcinoma de colon, se valoran en 445 euros.
"Estos baremos –relatan– no han tenido ningún incremento significativo en los últimos años frente al aumento progresivo de la carga de trabajo con solicitud de múltiples informes a los facultativos para justificar cualquier acto médico o la obligatoriedad del cirujano de realizar nuevas tareas administrativas como la gestión de las autorizaciones o bajas laborales".
Precedentes en otras ciudades
Por todo ello, este grupo de profesionales, ante estas condiciones laborales, ha decidido poner fin a esta situación, al igual que otros especialistas médicos en distintos puntos del país, como es el caso de Sevilla, Madrid y otras provincias, que reivindican también una actualización de sus baremos.
El momento, señalan desde Zaragoza, es ahora, "porque antes había una ley que impedía a médicos con actividad privada juntarse a negociar". Tal y como explican, se denunció ante la UE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una consulta pública y recibió un aluvión de quejas de facultativos por estas tarifas. Este organismo amparó que los profesionales sanitarios que ejercen la actividad privada pudieran negociar colectivamente sus condiciones salariales a través de sus asociaciones representativas con las compañías aseguradoras y grupos hospitalarios, lo que abrió la puerta a las reclamaciones emprendidas por distintos colectivos.
