Mejorar la competitividad empresarial, fortalecer el empleo y profundizar en el diálogo social
Encarar el futuro a corto y medio plazo para nuestra Comunidad autónoma desde la perspectiva socio-económica requiere, sin duda, una identificación de las materias a las que, a mi juicio, debería prestarse una especial consideración que demanda la situación actual. En este contexto, me permito, con la limitada dimensión de una colaboración de prensa, ofrecer, desde esa perspectiva, un breve balance y perspectivas para el nuevo año 2024 que comienza.
Tanto la situación de la economía, como la del mercado de trabajo en Aragón presentan unas características en buena parte coincidentes con la nacional, pero también con singularidades que se presentan como retos para los poderes públicos. Pero también para la empresa, las organizaciones empresariales y para los sindicatos, para aportar la necesaria confianza, procurando la búsqueda de consensos en momentos dominados por la incertidumbre, derivada de riesgos geopolíticos, del impacto en las economías, la sociedad y el mundo del trabajo.
Entre esos desafíos destaca, de un lado, por su evidente proyección y efectos sobre la dimensión social y laboral de Aragón, el crecimiento económico y la correspondiente competitividad empresarial. La moderación de los precios energéticos y una mejora de las cadenas globales de valor, así como la fortaleza del empleo y el apoyo a las políticas fiscales han amortiguado el impacto negativo sobre la actividad económica, de forma que en el segundo trimestre de 2023 el PIB de la economía aragonesa ha aumentado un 2,4% interanual, si bien con menor dinamismo que en el primer trimestre, cuando avanzó un 4,3%, aunque por encima de la media española (2,2%). La inflación media por el IPC general se ha elevado un 2,1% (2,6% a nivel estatal) y la subyacente ha crecido un 5,8% (6,1% en España). La tendencia a la mejora de esta situación, no sin algunos riesgos fundados de ralentización, ha producido, por el momento, sus efectos positivos también en el crecimiento económico y en la competitividad del tejido empresarial aragonés, aunque necesita todavía mejorar en productividad.
De otra parte, las cifras de desempleo mas recientes en Aragón muestran un descenso interanual del 3,3%, de forma que baja el desempleo y sube la población en edad de trabajar. Por lo que toca al empleo, se ha reducido claramente la temporalidad, pasando del 22,1% de 2022 al 16,1%, motivada principalmente por la reforma laboral pactada por los interlocutores sociales. Por ultimo, la tasa de paro aragonesa (8,6%) se ha situado 0,4 puntos por debajo de la de 2022, siendo 3 puntos inferior a la media española (11,6%). Y con todos los matices que se quieran señalar, es de las más bajas entre las comunidades autónomas.
De todo ello se deduce que la economía aragonesa ha demostrado un fuerte dinamismo, a la vez que el mercado de trabajo ha dado muestras de una resiliencia y mejora no sólo cuantitativa, sino también cualitativa, levantando el pie del acelerador sin llegar a pisar el freno. Y seguro que a estos objetivos contribuirán los anunciados proyectos de instalación en Aragón de Microsoft o el ya real de Amazon o el de Stellantis, sobre el que es de esperar el necesario compromiso del Gobierno central con el de Aragón para su viabilidad económica, articulando una política de atracción de inversiones estratégicas en la que la innovación y la transformación digital serán claves para potenciar el crecimiento económico y la atracción de empresas. Es de resaltar que la competitividad en Aragón supera la media española y europea. Y es que existen en Aragón muchas empresas, sobre todo muy pequeñas y medianas o autónomos, que realizan esfuerzos diarios, a veces salvando algunas dificultades, para competir, asumiendo compromisos responsables con sus trabajadores para mantener los puestos de trabajo o crear otros nuevos. Por eso, el tejido empresarial merece ayuda, estímulo y favorecimiento, poniendo a su disposición fórmulas que integren actuaciones de distinta naturaleza por parte de las administraciones públicas.
Puede deducirse razonablemente que si ese crecimiento se mantiene y el trabajo se sostiene se puede albergar la esperanza de que el pleno empleo sea un objetivo real al que aspirar a corto o medio plazo. Pero es preciso fortalecerse, lo que pasa por algunas actuaciones estructurales y de gestión, corrigiendo los desequilibrios del mismo mercado de trabajo, reformulando sus políticas activas y superando algunas de sus debilidades. Y para ello la Comunidad autónoma dispone de los títulos competenciales y constitucionales que lo permiten.
Convendría centrar así, de un lado, su actuación con el claro objetivo de ayudar y estimular la actividad empresarial, fijando como prioridad la creación y el fomento del empleo, con especial atención a los colectivos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo, preferentemente los jóvenes, especialmente de baja cualificación, las mujeres, los trabajadores de edad madura, los parados de larga duración o la emigración. No se trata de crear empleo a golpe de talón, sino de seleccionar acertadamente los destinatarios, tanto empresas como trabajadores, a los que se dirige esa política. Y se debe orientar a la consecución de un trabajo digno, decente, que es la expresión del empleo estable de calidad. Se debe prescindir, a mi juicio, de las políticas de incentivos dirigidas a muchos destinatarios que han consolidado una cultura de la contratación donde el resultado hasta el momento presente ha sido el de un elevado peso muerto de este tipo de intervenciones públicas autonómicas. Dicho de otro modo, romper con la dinámica tradicional del proceso de selección en la contratación requiere cambios profundos en las opciones que el Gobierno de Aragón entienda de prioritaria atención. Es, además, lo que necesitan y están esperando las empresas, que son las que contratan. Y convendría atender con más intensidad las actuaciones que reclama el sector industrial, clave en Aragón, procurando mitigar la excesiva dependencia del de los servicios.
De otro lado, y en este mismo contexto, conviene realizar los máximos esfuerzos para atender y cubrir la formación de los trabajadores, haciendo mas eficaz la actuación del Instituto Aragonés de Empleo. Estas deficiencias formativas han sido puestas de manifiesto con razón por las organizaciones empresariales. Muchas empresas de algunos sectores relevantes en Aragón prevén incrementar sus plantillas en 2024, pero tiene dificultades para contratar trabajadores con la formación que se requiere, situación a la que no son ajenos tampoco los bajos salarios en algunos sectores. Es necesario, por ejemplo, facilitar cuanto antes la incorporación al mercado de trabajo de la inmigración. La cobertura de muchos puestos de trabajo necesita de ella.
Todos estos factores lastran la competitividad y dificultan el acceso al empleo de buena parte de la población. Como también actúa negativamente la ineficiencia de la acción preventiva para la tutela de la seguridad y la salud en el trabajo, causante de recientes accidentes muy graves para los trabajadores que bien podrían haberse evitado. Una actuación decidida en estos campos puede contribuir, además, a mitigar otro de los efectos negativos, instalado desde hace tiempo en el mercado de trabajo español, afectante ahora a la cohesión social, como es la elevada cifra de pobreza laboriosa. Hay que plantearse, por ejemplo, qué hacer y cómo actuar con los cerca de 55.000 desempleados en Aragón. Es necesario acometer reformas legales estatales en la prestación del desempleo que, entre otras, pueda hacerse compatible con el trabajo. Y es que, aun siendo malo para los trabajadores perder el empleo, es todavía peor salirse del mercado de trabajo y no volver. Esta es una deficiencia grave y endémica de nuestro sistema que no encuentra solución y a la que se tarda demasiado en hacer frente.
Si algunas de estas tareas competen al Gobierno de Aragón, no son de menor importancia las que recaen sobre los interlocutores sociales. En efecto, la reforma laboral descansa buena parte de la efectividad de la regulación sobre la contratación de los trabajadores en la negociación colectiva, la cual debe asumir un papel relevante en los cambios que se derivan del nuevo modelo de contratación laboral, introduciendo de forma ordenada las transformaciones significativas que ya están afectando a empresas y a las personas trabajadoras. La nueva legislación arroja hasta ahora buenos resultados, pero para seguir avanzando es necesario que los interlocutores sociales contribuyan desde los convenios colectivos a fomentar la estabilidad en el empleo y el uso adecuado de las modalidades de contratación, de forma que se pueda transitar desde sectores con excedente de personal hacia aquellos con dificultades para encontrar personas con el perfil profesional demandado.
Es por ello que debe valorarse muy positivamente la firma del reciente V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito por CEOE, Cepyme, CC. OO. y UGT, en el que se establece precisamente, con buen criterio, el compromiso para negociar aspectos relevantes para la competitividad de la empresa y la calidad del empleo. Y es posible que a todos esos objetivos pudiera contribuir, a mi juicio, la conveniencia de explorar, ordenar y acordar, en su caso, un nuevo marco de negociación colectiva de carácter autonómico, en el que se identifiquen y negocien las reglas fundamentales para regular las condiciones de trabajo y empleo en los sectores productivos y en las empresas de Aragón.
Y a esos objetivos puede contribuir, sin duda, el excelente clima de colaboración de los interlocutores sociales entre sí y con el Gobierno de Aragón a través de un intenso y fructífero diálogo social, como probablemente no existe en ninguna otra Comunidad autónoma. Esta praxis institucional, que ha sido reclamada por la reciente Resolución del Parlamento Europeo de 1 de junio de 2023, ha producido resultados positivos palpables, mostrándose meritoria en un entorno de incertidumbre como el actual, lo que acredita la responsabilidad y el compromiso de sus protagonistas. Una forma de proceder que traduce una cultura que ya es un activo imprescindible para nuestra Comunidad, y que ha sido acertadamente renovada recientemente por ellos. Por eso, debe fortalecerse y protegerse como una pieza básica para que la recuperación sea rápida, equilibrada y sostenible también en Aragón. Y a ello contribuirá, sin duda, el Consejo Económico y Social de Aragón, cuyo pleno tuvo a bien este uno de diciembre, a propuesta del Gobierno, elegirme por unanimidad como su presidente.
Por supuesto que hay más cuestiones a atender. No pretendo con todo lo dicho ofrecer recetas únicas e infalibles. Sólo un breve diagnóstico que traduce propuestas y, sobre todo, deseos y aspiraciones que someto a otros mejor fundados. El año que comienza puede ser una buena oportunidad para asumir, entre todos, estas tareas.
*Catedrático de derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Zaragoza, presidente del consejo económico y social de Aragón
