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Un centenar de ayuntamientos en Aragón, pendientes de la huelga de secretarios interinos
La convocatoria a nivel nacional de paro indefinido desde este miércoles ha coincidido con el proceso de disolución y constitución de corporaciones. La Junta Electoral considera prioritario que acudan y no la huelga.
Un secretario-interventor de ayuntamiento tiene por misión fundamental ser garante de la legalidad de los ayuntamientos. Entre sus múltiples tareas se encarga de disolver la corporación tras unas elecciones -como ocurrirá este miércoles-, o volver a constituirla, como está previsto este sábado. Este año la convocatoria de una huelga a nivel nacional de los interinos que ocupan estos puestos puede afectar a estos dos últimos pasos, si no hay algún movimiento desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En mayo protestaron en Madrid y ahora se preparan para un paro indefinido que comenzará este miércoles, sobre el que se ha pronunciado incluso la Junta electoral central.
Más de 465 ayuntamientos de toda España, principalmente de la denominada España vaciada, han anunciado que secundarán la huelga, según han informado las organizaciones que agrupan a secretarios, interventores y tesoreros interinos de consistorios. Entre ellos habría un centenar que se encuentran en la comunidad aragonesa, según la Asociación sindical de secretarios interventores de Aragón (Assia). Denuncian el "abuso de temporalidad" en estos puestos, que se pretende reducir con una oferta de estabilización, cuyo número consideran insuficiente.
España tiene que reducir la temporalidad en la Administración, después de que entre el colectivo "el interino era una forma ordinaria de cobertura de las plazas", han denunciado desde Assia. La asociación calcula que la media de interinidad alcanza los 20 años.
Entre sus funciones ha destacado que en ayuntamientos pequeños figura el asesoramiento jurídico, la llevanza de la contabilidad, tesorería, el
registro civil, juzgado de paz y control de empresas públicas si hay.
Críticas por la falta de diálogo
La organización ha lamentado la falta de diálogo por parte del ministerio desde que comenzaron a movilizarse, al que piden que modifique la actual oferta de estabilización, contra la que han presentado recurso. En ella se han incluido unas 800 plazas frente a unas 4.400 solicitudes, ha apuntado Ana Landeira, portavoz de Assia, quien ha reconocido que con esa proporción "no nos llega ni para la mitad".
Por otro lado, se ha mostrado contraria a que en las bases (que también han recurrido) figure como criterio en caso de empate, después de la puntuación, la letra del apellido. Tras un sorteo se ha fijado que se desempatará empezando por la letra ‘U’.
Las protestas van dirigidas contra el citado ministerio porque se trata de profesionales seleccionados por él, nombrados por las comunidades autónomas y cuyos sueldos pagan los ayuntamientos. "Solo queríamos hablar con el ministerio, que ni nos ha atendido durante el proceso de redacción de las bases, aunque era obligatorio reunirse con las representaciones sindicales y no lo ha hecho, ni al elaborar la oferta de empleo público", ha lamentado la portavoz. "Hemos recurrido la oferta y las bases", ha insistido.
Las organizaciones convocantes, procedentes de varias comunidades autónomas, han reprochado la comunicación que recibieron de la Junta electoral central, el máximo órgano de la Administración Electoral, con sede en el Congreso de los Diputados el pasado jueves. En ella se aclara que "el secretario de la corporación no pierde su condición de tal por la sola circunstancia de que se haya convocado una huelga; por consiguiente, es él quien debe actuar como secretario de la mesa de edad, pues dicha función resulta de un deber público expresamente impuesto por la ley electoral, que no puede resultar afectado por el derecho de huelga".
Con ello, el órgano se quiere asegurar que esos empleados públicos no falten a sus puestos este sábado para garantizar que se constituyan los ayuntamientos con la nueva composición salida de las urnas, tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. "Actuamos como delegados de la junta electoral en todos los procesos electorales", ha explicado Landeira sobre otra de sus funciones.
Sin embargo, ha señalado que hacer que vayan "coarta nuestro derecho a la huelga".
Los convocantes insisten en que quieren abrir el diálogo y que el Ministerio tendría que haberles llamado tras presentar la convocatoria de huelga hace unas semanas. "Ni nos han recibido ni nos han contestado ni han fijado servicios mínimos", ha lamentado. "A la concentración en la puerta del ministerio en mayo no salió nadie", ha reprochado.
Esta habría sido la única respuesta tras las movilizaciones. "A pesar de los cientos de escritos remitidos por los diferentes alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados pidiendo información de cómo actuar ante dicha situación a las delegaciones del Gobierno, y de las llamadas realizadas por algunos diputados y consejeros de las propias comunidades autónomas interesándose por el estado de la negociación, el Ministerio de Hacienda y Función Pública sigue haciendo oídos sordos a la petición de reunión de los sindicatos convocantes", han asegurado los convocantes en el comunicado previo al inicio de la huelga indefinida.
En la convocatoria, el colectivo ha denunciado que "la España rural, la despoblada o vaciada, la que más sufre el abuso de temporalidad de los Secretarios, Interventores o Tesoreros de Ayuntamientos, ahora se convierte también en ignorada y olvidada por nuestros dirigentes".
Los convocantes de esta huelga, exigen que se les aplique la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, lo que conllevaría una ampliación de la oferta pública de empleo, pero escuchando las necesidades del colectivo.
